...¿y el Estatuto Turístico?

NAIMA PÉREZ, Tenerife

Es el cuento de nunca acabar. Son ya más de 13 años los que han transcurrido desde que la Cámara canaria aprobara la Ley de Ordenación del Turismo (1995), una norma que instaba al desarrollo de un Estatuto de Municipios Turísticos en un plazo máximo de seis meses. Tras algunos borradores escuetos que quedaron en nada, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) decidió relanzar este proyecto en 2004, ante la pasividad del Gobierno de Canarias. Sin embargo, tras cuatro años de relaciones interinstitucionales, comisiones técnicas, redacciones conjuntas y un largo etcétera, el proyecto de ley decayó al finalizar la pasada legislatura y no lograr ser tramitado en el Parlamento.

La Consejería de Turismo, dirigida ahora por Rita Martín, ha aparcado el proyecto por el momento, debido al escenario negativo de crisis económica, ya que "no tiene sentido aprobar la Ley del Estatuto sin ficha financiera", reconoció la consejera.

El Estatuto de Municipios Turísticos persigue establecer un marco común para aquellas localidades cuyo número de plazas turísticas fuera igual o superior al 40 por ciento de su población de derecho. Este criterio fue aprobado por unanimidad en el seno de la Fecam y un total de 14 municipios canarios quedaron englobados en esta categoría. El fin último es ofrecer un nivel óptimo de calidad para todos aquellos servicios públicos que deben prestarse en estas localidades: vigilancia y seguridad; limpieza y atención médica inmediata en las playas; señalización turística adecuada y unificada; oficinas de información o un distintivo común, entre otros. Además, para el seguimiento de los aspectos contenidos en esa futura ley se crearía una comisión sectorial en la que tuvieran voz todos los colectivos relacionados con el sector.

En ese grupo de 14 municipios se encuentran los siguientes: Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, en Tenerife; Mogán y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Teguise, Yaiza y Tías, en Lanzarote; Pájara, Antigua y La Oliva, en Fuerteventura; Breña Baja, en La Palma; y Valle Gran Rey, en La Gomera.

El escollo

El principal obstáculo del Estatuto residía, como en casi todos los asuntos, en el aspecto económico. Los ayuntamientos se negaron desde el principio a que esta norma obtuviera sus recursos a través de convenios o subvenciones y pedían una partida anual, fijada en una ley, que permitiera consignar en los distintos presupuestos de la Comunidad Autónoma la financiación de estos municipios turísticos.

Y mientras se negociaba el proyecto de ley se llegó al acuerdo de que el Gobierno consignaría una partida de un millón de euros -mantenida en los presupuestos canarios de 2006, 2007 y 2008- para subvencionar la calidad de los servicios en estos municipios. Esa partida se ha repartido a través de una convocatoria que, este año, aún no se ha resuelto, apenas a mes y medio para que finalice 2008.

Durante la anterior legislatura fueron muchos los debates dirigidos a buscar soluciones a la financiación. Con cambio de consejero de Turismo de por medio -tras la salida de José Juan Herrera y la entrada de Manuel Fajardo, en mayo de 2005-, el borrador de Estatuto sufrió un nuevo parón. Sin embargo, la presión ejercida por la Fecam impulsó nuevamente unas negociaciones que no llegaron a tiempo para entrar en el Parlamento antes de finalizar la legislatura, en mayo de 2007.

La futura Ley sigue hoy día estancada. La razón, ahora, responde a la situación coyuntural de la crisis económica. Desde la Fecam, el nuevo presidente de la comisión de Turismo y alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, curiosamente un municipio que no se enmarca en la categoría de turístico, no ha querido pronunciarse al respecto.

Por su parte, el vicepresidente de esa comisión de la Fecam y alcalde de Tías, José Juan Cruz, que formó parte de toda la negociación en la anterior legislatura, manifestó su malestar por el "desinterés y falta de voluntad" del Gobierno con este proyecto. Cruz informó de su intención de convocar en próximas fechas a los alcaldes de los municipios turísticos socialistas -Puerto de la Cruz, Adeje, La Oliva, Pájara, Tías y San Bartolomé de Tirajana (donde gobierna Nueva Canarias)-, en primer lugar, para fijar una posición ante el parón que sufre el Estatuto y ver si después se reactiva la comisión de Turismo de la Fecam.

El millón de euros va al fondo común

Tanto Gobierno como ayuntamientos acordaron en 2005 establecer un fondo anual de un millón de euros para financiar los servicios de los municipios turísticos mientras se aprobaba la ley del Estatuto. Este fondo se consignó en los presupuestos canarios en los años 2006, 2007 y 2008. Las intenciones de la Consejería de Turismo el pasado mes de agosto eran mantener también ese millón de euros en los presupuestos de 2009. Sin embargo, la consejera, Rita Martín, explicó esta semana que en el próximo ejercicio todo el dinero para los municipios, ya sin diferenciar los turísticos de los que no lo son, estará en un fondo común, el conocido Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM). El 2 por ciento de esta gran bolsa se reparte en función de las plazas turísticas de los municipios, un criterio de reparto totalmente independiente del fondo del millón de euros, de carácter finalista. Ahora, al unificar estas cantidades en el FCFM se pierde el sentido de esta subvención. Rita Martín afirma que ahora se modifica el sistema de gestionar ese millón de euros y "cada ayuntamiento lo destina para lo que considere prioritario". De esta forma se desdibuja el objetivo inicial de esta partida que no era otro que apoyar económicamente una mayor calidad para los servicios que se prestan en estos ayuntamientos considerados turísticos por la Fecam. En cualquier caso, la consejera de Turismo informó de que en las cuentas canarias para el próximo año hay una partida de 10 millones de euros para rehabilitación de infraestructuras turísticas. Además, recuerda que el Gobierno estatal, a través de sus Presupuestos Generales, a través del Programa 20.20, "debería también financiar" el sobrecoste de los ayuntamientos que soporten una carga turística.