"Los ayuntamientos necesitan alguna intervención especial por la crisis"

NAIMA PÉREZ, Tenerife

Antoni Fogué i Moya (PSOE) es el presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, además del de la comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El pasado viernes estuvo en Tenerife en una reunión de la comisión permanente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que también preside, de la que forman parte, entre otras administraciones públicas intermedias, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.

-¿Cuáles son los objetivos que persigue la Fundación?

-La Fundación tiene ahora seis años y agrupa sólo a gobiernos locales intermedios. Somos 17 miembros en la actualidad, y en ella no participan ni ayuntamientos ni comunidades autónomas ni el Estado. Somos un espacio de reflexión, análisis, de propuesta de temas locales desde la óptica de un segundo nivel. Estudiamos sobre todo temas jurídicos, que consideramos vitales, por eso tenemos una relación permanente con la Magistratura, con la Universidad, con los expertos... porque creemos que es importante que estos colectivos conozcan de primera mano nuestros problemas.

-La crisis económica está haciendo estragos en las arcas municipales, según denuncian muchos alcaldes. ¿Es tan grave la situación?

-La situación es grave, sí. Pero hay que matizar que nuestra enfermedad no la padecemos sólo desde hace algunos meses, por la crisis. Los gobiernos locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares) sufren desde hace más de 15 años una situación de un sistema de financiación inadecuado, insuficiente, que no se corresponde con las competencias reales que prestan los ayuntamientos. En este tiempo hemos estado malviviendo, dando respuesta a las necesidades. A esta situación crónica permanente se añade ahora una crisis económica. La suma de estos dos factores -estructural y coyuntural- hace que el problema sea ahora más grave. Venimos viendo cómo las comunidades autónomas han incrementado su porcentaje de gasto público con respecto al conjunto del Estado y los ayuntamientos, no. Eso está en contradicción con las competencias que prestaban estas corporaciones locales hace 15 ó 20 años y las que prestan ahora.

-Esa es una de las quejas de los ayuntamientos, que prestan competencias transferidas por los cabildos mal dotadas económicamente. Pero los cabildos responsabilizan al Gobierno regional y éste, a su vez, al Ejecutivo central. ¿Dónde cree que está el límite y la solución?

-El límite, difícil. La solución, complicada, pero la realidad y el análisis están bien hechos. Los ayuntamientos son el último eslabón de la escala de la Administración en un Estado descentralizado como el nuestro. Padecemos el conjunto de peticiones de necesidades que los ciudadanos tienen, tanto si tenemos la obligación de resolver nosotros, como si no. Las demandas ciudadanas superan las competencias que tenemos la obligación por ley de cumplir. Un alcalde no puede decirle a un vecino que le plantea un problema que esa competencia es de otro. Así, los ayuntamientos han ido supliendo el trabajo de otras administraciones, no por quererlo suplir, sino por dar respuesta a los problemas de sus vecinos. Entre el 27 y el 30 por ciento del gasto hecho por los gobiernos locales es lo que llamamos gasto no obligatorio, es decir, gasto en competencias que no tenemos la obligación legal de hacer. De ese 30 por ciento, el 40 por ciento es lo que llamamos gasto de suplencia, un gasto que correspondería a las comunidades autónomas o al Estado.

-La ley no es realista, entonces...

-Exacto. La Ley de Bases es de hace 20 años, y esto es culpa y responsabilidad de todos.

-¿Cómo resolver que haya más recursos para asumir las competencias reales?

-Existen tres fuentes principales de ingresos para las corporaciones locales: los procedentes del Estado, los de la Comunidad Autónoma y los impuestos o tributos de los ayuntamientos. Para resolverlo hay que tocar estas tres patas. Pero ahora, en situación de crisis, no creo que haya que incrementar la presión fiscal, aunque, sin duda, se pueda mejorar la gestión de la recaudación. La financiación tiene que venir vinculada a las transferencias de las comunidades autónomas y el Estado. Los sufridores son los ayuntamientos.

-Ha manifestado usted la necesidad de una reforma urgente de la financiación local para resolver este asunto...

-Es cierto, pero sabemos que en este momento estamos en una situación de crisis y pendientes de la reforma del sistema de financiación autonómico, con lo cual la cuestión es complicada. Mientras este acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas no suceda, los ayuntamientos van a necesitar, como consecuencia de la crisis, algún tipo de intervención especial y extraordinaria que debe proceder del Estado y las autonomías. La FEMP, por su parte, lleva algún tiempo trabajando en una futura ley de financiación de haciendas locales. Ahora se están planteando medidas de carácter urgente, como los 20 millones de euros para aumentar el fondo para los municipios pequeños, que ya se han conseguido, o que los gobiernos locales puedan aumentar su nivel de endeudamiento. En esta línea se está negociando con el Gobierno de Zapatero.

-¿Ve sensible al Ejecutivo central con los problemas de las corporaciones locales?

-Sí, yo creo que sí, pero también digo que hay que pasar de las palabras a los hechos.