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GÜÍMAR

La APMUN precinta seis edificaciones en la zona costera de El Tablado

Los afectados encontraron en los inmuebles un papel pegado en el que se les informaba del precinto y la referencia, en la mayoría de los casos, al expediente correspondiente. La Asociación de Vecinos pide al alcalde que el ayuntamiento denuncie donde proceda esta presunta "barbarie administrativa".
15/nov/08 08:32
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MEDINA, Güímar

Seis construcciones, la mayoría de ellas viviendas, situadas en la zona de La Morra, en el núcleo güimarero de El Tablado, fueron precintadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), órgano dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

Según la asociación de vecinos El Tablado, este hecho ha creado una situación de alarma en el vecindario porque, como cuestión fundamental, "el vecino no sabe si entrar o salir de su casa y si tal acción puede tipificarse como delito contra la propiedad". Ello se debe a que el precinto consiste, en todos los casos, en un papel tamaño folio pegado a puertas o muros a través del que se informa al afectado del hecho y del expediente que justifica dicho precinto. En algún caso, incluso, ni se incluye tal referencia.

Gerardo de la Rosa, vicepresidente de la asociación, remitió un escrito al alcalde de Güímar, Rafael Yanes, y al concejal de la zona, Antonio Díaz, expresándole que "este tipo de acciones no debe pasarse por alto en un estado que pretendemos sea de derecho". Es más, indica a las autoridades locales que el colectivo vecinal considera que "esta acción es una irresponsabilidad de quien haya tenido la idea".

La actuación de la APMUN llama la atención, entre otras cosas, porque algunas de las construcciones afectadas por estos precintos se entiende que pueden encontrarse en la zona del deslinde marítimo-terrestre o del área de servidumbre. Es por ello por lo que, incluso desde el gobierno municipal, se valora como cuestionable la medida aplicada por la APMUN, órgano que no ha ofrecido explicación alguna al respecto.

En esa línea, Gerardo de la Rosa expone a la Alcaldía que "podemos garantizarle que si no estuviéramos pendientes de las decisiones de Costas, cualquier persona fuera del entorno del barrio que vea ese cartel puede pensar que dicho precinto obedece a cualquier situación de dudosa legalidad".

La asociación de vecinos pide a la corporación que "denuncie donde proceda este acto de barbarie administrativa".

EL DÍA tiene constancia de que el gobierno municipal ha solicitado formalmente la celebración de un encuentro con los responsables de la APMUN al objeto de recabar la información necesaria.

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