Una auditoría de Asprocan aclarará los gastos del ex presidente con la Visa

M. CHACÓN, Los Llanos

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), conformado por las seis organizaciones existentes en el sector platanero de las Islas, se reunió ayer bajo la Presidencia de Francisco Rodríguez para analizar, entre otros asuntos, la espinosa situación generada tras haberse detectado y hecho público un supuesto uso indebido de la tarjeta de gastos de representación de la presidencia de esta entidad bajo el anterior mandato de Manuel Lorenzo, tal y como adelantó ayer. EL DÍA La reunión estuvo marcada previamente por un acuerdo adoptado en el seno del consejo directivo de Coplaca para que se investigara y se tomarán todas las acciones jurídicas pertinentes para esclarecer los hechos.

Según aseguró Francisco Rodríguez tras concluir la reunión, "se ha abordado este tema y pretendemos dejarlo bien claro ante la opinión pública y los propios agricultores. Por ello hemos decidido encargar una intervención de un agente externo para que audite y revise las cuentas que se han hecho sobre el uso de esa tarjeta de gastos. Ya veremos si esa auditoría avala o no la acción de comprobación de cuentas que se ha realizado desde el equipo gestor, una vez que se conozca el resultado de la fiscalización".

Así, concretó el presidente de Asprocan, "se arrojará la mayor luz y transparencia posible sobre este asunto y nos citamos nuevamente para una próxima reunión, convocada para los días 24 y 25 de noviembre, siempre y cuando se haya finalizado la intervención fiscalizadora del interventor contratado. A esa reunión, también será emplazado un jurista para que analice con la junta directiva la vía adecuada que se debe seguir desde la asociación de productores". Por ahora, afirmó Rodríguez, "no se descarta nada, ya se adoptará una decisión en su momento".

En cualquier caso, el máximo responsable de la entidad ya cuenta con un informe jurídico en el que se plantean tres posibles vías: ir directamente a la penal, algo que no se aconseja desde la opinión técnica, una vía civil en el caso de que no haya acuerdo, que también se resolvería en los juzgados, o un acuerdo extrajudicial o de conciliación, lo que se consideró como más recomendable.