EL DÍA, S/C de Tenerife
Un total de 235 jóvenes canarios con medidas judiciales han participado en programas de tutorías, "pionero" en España, según indicó ayer la viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Natividad Cano, en la inauguración de las Jornadas de Justicia Juvenil celebradas en la capital grancanaria.
De estos 235 jóvenes, 29 ya cuentan con un contrato laboral, 19 han realizado prácticas de empresas, 38 en cursos ocupacionales externos y 121 se encuentran en talleres para obtener el carné profesional.
La viceconsejera hizo un llamamiento para que una vez los chicos han cumplido su medida y vuelven a su entorno no se les "estigmatice" con el objeto de que "puedan encontrar un ambiente favorable para una inserción permanente en el tiempo". De todos modos, resaltó la "consolidación" del programa de intervención familiar, ya que durante el año se ha trabajado con "más de 200 familias para preparar la incorporación del joven a su ambiente social una vez que ha terminado su medida de internamiento". Cano destacó la "gran importancia" del programa porque "sin implicación y compromiso por parte de la familia, la reinserción de los jóvenes se vuelve complicada".
Por su parte, el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, incidió en que el "interés del menor y del joven debe ser el punto orientativo de toda acción", así como la prevención "tanto en la escuela como en el ámbito social y familiar", ámbito en el que aseguró "no hay que escatimar ni esfuerzos, ni ideas" porque la justicia juvenil "genera una gran preocupación" en la sociedad.
La presidenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, indicó que los jóvenes que "entran en conflicto con la ley no lo hacen por su propia voluntad sino por sus escasas oportunidades", por lo que "intervenir culpabilizando a los jóvenes sólo permite que se conviertan en futuros adultos delincuentes".
Modelo garantista
Por otro lado, la viceconsejera señaló que Canarias posee un modelo de justicia juvenil "garantista" en cuanto a los derechos de los jóvenes y por eso se ha optado por una gestión pública a través de un servicio de inspección, así como de la gestión de los centros a través de una fundación pública que trabaja en los centros de Valle Tabares, Montañeta, Gáldar y Hierbabuena.
Añadió que el Ejecutivo autonómico ha trabajo "mucho en potenciar" los recursos en medio abierto para posibilitar a los jueces poder apoyarse en un "amplio" abanico de medidas como la libertad vigilada.
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