CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El texto del anteproyecto de la Ley de Comercio que servirá para transponer la polémica norma comunitaria de liberalización de los servicios comienza hoy el proceso de consultas con los agentes económicos y sociales de las Islas. Antes de dar este paso, el Gobierno autónomo pactó hace 15 días los términos en que "atenuará" la aplicación de la directiva Bolkestein, como también se conoce esta ley europea, con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para intentar evitar que sea rechazada por Bruselas, como ya les ha ocurrido a otras normas de este tipo en España.
El director general de Comercio del Ejecutivo canario, Arturo Cabrera, explicó, a preguntas de EL DÍA, que el borrador se hará público hoy para iniciar el debate sobre su contenido tras "limar" algunos flecos que impidieron su divulgación la semana pasada, tal y como estaba previsto.
Cabrera justifica la modificación de la actual ley comercial canaria porque "contradice de forma abierta" la directiva comunitaria al sustentarse en argumentos económicos que la norma europea prohibe aplicar ahora. La directiva Bolkestein entrará en vigor en enero de 2010, por lo que la nueva ley canaria deberá estar aprobada, a más tardar, en diciembre del próximo año.
Trasnposición
El director de Comercio asegura que en la transposición de la directiva en Canarias, el Gobierno autónomo partió de las especificidades de las Islas, como su carácter de Región Ultraperiférica (RUP), su lejanía del continente y otras de carácter territorial para introducir una "importante atenuación" de esta norma, que debe partir de un interés general y ser proporcional, entre otros requisitos, para evitar que Bruselas se oponga a su flexibilización.
Por este motivo, el Ejecutivo canario quiso que el texto propuesto pasara por una verificación conjunta con el Estado antes de debatirlo en las Islas. Su contenido fue revisado "artículo por artículo" con la subdirectora de Política Interior del Ministerio de Comercio, Teresa Sánchez, y los técnicos de ese departamento, "porque ellos han participado en todas las comisiones sobre esta norma con Bruselas". "Vamos por el camino adecuado, haremos la transposición de forma correcta y en los términos adecuados", afirma Cabrera.
Acerca de las críticas de algunos agentes ante la posibilidad de una llegada masiva a las Islas de grandes superficies, Cabrera asegura que "no habrá ninguna apertura generalizada" y aclara que la norma "intenta evitar recalificaciones futuras de suelo".
El texto del borrador contempla, entre otros aspectos, que dentro de los criterios a evaluar para decidir la concesión de las licencias comerciales se tendrán en cuenta, tal y como contempla la directiva, iniciativas en materia de empleo. En concreto, el borrador se refiere a medidas encaminadas al incremento de la calidad de empleo, "concediendo especial relevancia a la tipología de contrato laboral así como el compromiso de incorporación al mercado de trabajo de colectivos de difícil inserción, tales como mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración y, en general, los colectivos más vulnerables".
El texto también contempla aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, los derechos de los consumidores e iniciativas de tipo social que tiendan a compatibilizar la vida familiar y laboral de los trabajadores, como la instalación de guarderías o centros de atención para personas dependientes, así como la flexibilización del horario que colabore a este fin.
El anteproyecto propone que los establecimientos de hasta 2.500 metros cuadrados puedan abrir sin licencia, y a partir de esa superficie (grandes establecimientos) quedan sometidos a su obtención en todas las Islas, menos en La Gomera, El Hierro y Lanzarote, donde el área se reduce a 750 metros cuadrados.
Los centros comerciales también están sometidos a la tramitación de la licencia, así como los establecimientos discontinuos, que son lo que la ley actual conoce como los grandes grupos de implantación, con superficies globales a partir de los 25.000 metros cuadrados.
Para estos establecimientos discontinuos, el texto divide su superficie entre todas las Islas de forma ponderada y los obliga a conseguir una licencia incluso cuando quieran abrir un nuevo local de menos de 2.500 metros cuadrados. En Tenerife y Gran Canaria, el límite es de 15.000 metros cuadrados; en Lanzarote y Fuerteventura, de 10.000; en La Palma, 5.000, y en La Gomera y El Hierro, de 1.000.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
