O.GONZÁLEZ, Tenerife
La Audiencia de Cuentas de Canarias considera que la actividad pública llevada a cabo por las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, con carácter general, "no se ha ajustado, en el periodo 2003-2004, a la normativa de aplicación". Así se desprende del Informe de Fiscalización de los patrimonios públicos municipales del suelo, en el que se recoge también que para los ayuntamientos "la normativa no ha servido" como instrumento de intervención en el mercado del suelo.
Además, el documento hecho público por la Audiencia de Cuentas revela que ningún cabildo había integrado bienes, derechos o recursos en sus respectivos patrimonios públicos del suelo y sólo 18 de los ayuntamientos tenían constituido un inventario que permita conocer cuáles son los bienes y terrenos que se integran en el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). En este sentido, el texto precisa que en un gran número de consistorios, los terrenos, bienes y parcelas "no se encuentran valorados, por lo que es imposible conocer el valor total del mismo".
El informe de la Audiencia pone de manifiesto, además, que sólo dos ayuntamientos controlan, a través de la contabilidad financiera, "las incorporaciones al inmovilizado de los bienes, terrenos y edificaciones del Patrimonio Municipal del Suelo, y, consecuentemente, conocen la valoración del mismo". En la misma línea, el documento precisa que los planes generales de ordenación urbana de algunos de los municipios fiscalizados tenían "una gran antigüedad".
Por esta razón, la Audiencia recomienda a las administraciones locales que inicien, con antelación suficiente, la actuaciones necesarias para revisar sus PGOU porque, según precisa, "un excesivo retraso en su revisión conlleva que, en muchos casos, las propias corporaciones acudan a los convenios urbanísticos para, a través de modificaciones puntuales del plan, seguir desarrollando el suelo del municipio".
El documento de la Audiencia de Cuentas revela también que "ninguno" de los cabildos insulares ha integrado, en el periodo 2003-2004, bienes, derechos o recursos en sus respectivos patrimonios públicos del suelo. Incluso, precisa el texto, "de la contestación al cuestionario remitido, se puede concluir que uno de ellos, el de Gran Canaria, parece desconocer el Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales en cuanto a la sujeción al deber de constitución de los mismos".
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