E.PRESS, Las Palmas
Las dos vocales territoriales y delegadas por Canarias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, plantearon ayer la "comarcalización" de juzgados de violencia de género en Canarias para mejorar la atención a las víctimas en juzgados "exclusivos".
Al término de su primera reunión con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la también presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, resaltó que los seis juzgados de violencia sobre la mujer de las Islas que son "exclusivos" en esta materia "funcionan con normalidad y tienen una carga de trabajo aceptable".
Detalló que en los tres primeros años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género estos juzgados han funcionado de forma "eficaz". En concreto, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife hay dos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, además de otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y otro en Arona (Tenerife); mientras que hay otros juzgados que funcionan de manera compartida con otras materias.
En este sentido, resaltó la intención de "intentar avanzar hacia la exclusividad" y que "aquellos partidos judiciales que estén muy bien comunicados con un juzgado exclusivo puedan beneficiarse de este juzgado exclusivo en una suerte de comercialización".
Nuevo juzgado
Inmaculada Montalbán detalló que el Ministerio de Justicia está estudiando la creación de un tercer juzgado de violencia exclusivo en Las Palmas de Gran Canaria y que éste asumiera la competencia de violencia de los partidos judiciales de Guía, Telde y Arucas.
A ello se suman otras posibilidades de comarcalización de modo que el juzgado exclusivo de San Bartolomé de Tirajana asumiera las competencias de violencia de Santa Lucía de Tirajana, al igual que existe la previsión de que un juzgado exclusivo de Tenerife asuma la competencia de violencia de La Laguna y Güímar. Indicó que se trata de proyectos que se están manejando sobre "la idea fundamental de que debe existir buena comunicación entre las poblaciones y que en ningún caso se cause perjuicio a las víctimas sino atender mejor a quienes acudan a los juzgados".
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