Santa Cruz de Tenerife
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
La CNMV suspende la cotización de NH Hotel Group leer

El Gobierno estima que la delimitación marítima consolida la unidad de las Islas

El Ejecutivo autonómico aboga por incluir en el Estatuto de Autonomía de Canarias las aguas archipielágicas para hacer "legal y oficial" el hecho de que las Islas son un todo que, más que separado por el mar, está precisamente ligado por esas mismas aguas que aparentemente se interponen entre las islas.
EL DÍA, Tenerife
9/nov/08 7:30 AM
Edición impresa

La realidad de Canarias está decididamente marcada por su conformación territorial archipielágica. Cada una de las Islas en que se divide nuestra comunidad reúne innumerables particularidades que se manifiestan en su propia morfología, su extensión, los recursos naturales que posee, la población que la habita, las dotaciones de infraestructura con que cuenta, etc. Ello supone que tanto las necesidades que han de ser atendidas como los problemas a resolver resulten igualmente, en muchas ocasiones, propios de cada caso.

No obstante esa circunstancia, es posible afirmar que las Islas como tales se definen como un ente unitario, trazado por unas características comunes que se derivan de una conciencia también compartida y de un recorrido histórico desarrollado a la par. En definitiva, Canarias posee una identidad perfectamente reconocible por parte de los mismos isleños, un hecho que, sin duda, se extiende a los foráneos. Resulta evidente entonces que ante cualquier instancia ese es un hecho contrastable y apreciable desde el principio.

A la vista de esto no es difícil concluir que el Archipiélago, por encima de la mera discontinuidad territorial, puede ser identificado como un conjunto cuyos elementos le proporcionan cohesión y solidez. Es un todo que, más que separado por el mar, está precisamente ligado por esas mismas aguas que aparentemente se interponen entre las Islas. El océano forma parte del Archipiélago, representa ese mar interior que a la vista del mapa aparece definitivamente como un factor de unión. Así, hacer realidad legal y oficial ese hecho es uno de los objetivos que se ha trazado el Gobierno de Canarias a la hora de iniciar el proceso para la reforma del Estatuto de Autonomía. Se pretende que los textos legislativos reconozcan en este punto lo que objetivamente se aprecia como algo natural y fehaciente. Para ello, el Ejecutivo se apoya en diferentes argumentos ciertamente razonables y también fundados.

Según apunta el secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, "ya la propia CE reconoce la determinación del territorio como un elemento imprescindible para delimitar el ámbito de las competencias y el autogobierno que podrá desarrollar una comunidad autónoma". En ese contexto, Canarias participa de la territorialidad del Estado y, consecuentemente, de las zonas de dominio público estatal, como el mar territorial, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

"Tradicionalmente, en el ámbito de nuestra comunidad hemos de debido afrontar el problema de que el Estatuto, el que actualmente se encuentra en vigor, no fijaba cuáles eran los límites del mar isleño". Todo esto, en su opinión, ha derivado en dudas interpretativas sobre lo que se ha establecido como espacio marítimo en distintas legislaciones. Así, mientras una ley de 1977 reconocía las doce millas contadas desde las líneas de base recta insulares, una norma del año siguiente trazaba las mismas doce millas náuticas de acuerdo con el perímetro del Archipiélago.

Ese último trazado marítimo no vulnera las normas de Derecho Internacional. "La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar de 1982 -indica Ríos- no prohíbe esa concepción de cierre del espacio archipielágico, si bien entiende que es una atribución de los estados que ejercen la soberanía sobre esas Islas el reconocerlo y establecerlo."

Esa decisión ya ha sido adoptada por países que poseen archipiélagos como Dinamarca, con las Feroe o Noruega con las Spitzberg. A ellas se añade Portugal, que ha hecho lo propio con Azores y Madeira, dos conjuntos de islas muy cercanos a Canarias que cuentan con unos estatutos político-administrativos en los que se reconoce el mar que los circunda y sus fondos como parte de su territorio.