Madrid, EFE El Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid han firmado un Protocolo para mejorar la seguridad en la región por el que se ofrecerá atención médica en cárceles a los reclusos para evitar que policías y guardias civiles tengan que dedicar su tiempo a trasladarlos a centros sanitarios.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han rubricado el acuerdo, que es el primero de carácter integral referido a seguridad que se firma entre el Ministerio y una Comunidad Autónoma, y que tendrá una vigencia de tres años.
El acuerdo prevé la ampliación del número de policías y guardias civiles destinados a Madrid, que comenzará con la llegada este mismo mes de 1.467 efectivos de la Policía Nacional y continuará con la incorporación de 291 guardias civiles el próximo mes de marzo.
También incluye colaboración en el ámbito penitenciario, por la que los reclusos en cárceles de Madrid y en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Carabanchel recibirán atención sanitaria en estos lugares para evitar que tengan que ser trasladados a centros hospitalarios por efectivos policiales, que podrán dedicarse así a otras labores de seguridad ciudadana.
Esperanza Aguirre ha explicado que no se podrá atender a todos los reclusos enfermos en las prisiones, pero sí a un número importante, ya que los diferentes médicos especialistas visitarán las cárceles determinados días de la semana.
Ha precisado que actualmente, cada día, la Policía y la Guardia Civil realizan "varias decenas" de traslados de reclusos a centros médicos.
El Protocolo firmado también prevé la cesión a la Comunidad de Madrid de una parcela de la antigua cárcel de Carabanchel para la construcción de un nuevo hospital.
Incluye asimismo la creación de una Unidad de Cooperación Policial del Cuerpo Nacional de Policía integrada por 80 agentes que vigilarán y protegerán las instalaciones de la Comunidad de Madrid y a sus autoridades.
Estos policías también participarán en funciones de inspección y control de las actividades relacionadas con el juego.
El acuerdo también determina que el Ministerio y la Comunidad colaboren en la construcción de cuatro nuevas comisarías y diez casas cuartel, así como en la reforma de otras 28 instalaciones policiales, con una inversión prevista de 60 millones de euros.
Prevé asimismo un intercambio fluido de información entre las policías locales de la Comunidad de Madrid y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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