El libro titulado "La reina muy de cerca", que ha escrito la periodista Pilar Urbano, ha levantado una gran polvareda mediática debido a las opiniones que doña Sofía ha expresado a la autora de este libro sobre temas de tan candente y controvertida actualidad como: libertad religiosa, homosexualidad, eutanasia, aborto, violencia de género, etc. Asuntos, casi todos ellos, tan debatidos en nuestra sociedad que hay hasta quienes consideran que deben quedar al margen de ser comentados por la reina española.
Veamos. Es cierto que algunos de estos temas opinados por doña Sofía en el ya citado libro están a la espera de resolución por el Tribunal Constitucional, como, por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, o en vías de trámite parlamentario, como es el caso de la modificación de la ley del aborto. No obstante, ¿dónde está escrito que la Reina consorte de España no pueda ejercer su derecho a expresar libremente sus opiniones, como cualquier español? ¿Es que, acaso, su opinión va a influir en lo que decida el alto tribunal del Estado o en las decisiones del Parlamento, o en lo que piensan u opinan el resto de los españoles? La Constitución española, en su Título II, referido a la Corona, contempla las atribuciones, competencias y cometidos del Rey, otorgándole como jefe del Estado, entre otras prerrogativas y responsabilidades, la de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. Y esto ha de ser así debido a la neutralidad política que le corresponde de acuerdo con su alta magistratura. (Artº 56.1) Sin embargo, el propio texto constitucional, al referirse a la reina consorte, como es el caso que nos ocupa, estipula que "no podrá asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia". (Artº 58). Es decir, no se le impone ninguna limitación como al Rey, salvo la expresada, que le impida ejercer el derecho a poder expresar libremente sus opiniones como cualquier otro ciudadano español. ¿Por qué no va a poder ejercerlo? Con la Constitución en la mano observamos que la Corona es el Rey, y no la Reina consorte, y sólo al monarca le están limitadas sus atribuciones públicas y/o políticas por su alta magistratura.
El lío, por llamarlo así, se ha organizado, principalmente, por habérsele ocurrido a doña Sofía emitir una opinión personal acerca del matrimonio entre parejas homosexuales: "Puedo comprender, aceptar y respetar -dice la Reina- que haya personas con otra tendencia sexual?". "Si estas personas quieren vivir juntas, vestirse de novios, casarse, pueden estar en su derecho, o no según las leyes de su país; pero que a eso no le llamen matrimonio, porque no lo es. Hay muchos nombres posibles: contrato social, contrato de unión?". Así pues, ¿dónde yerra la Reina con esta opinión? ¿En decir que a las uniones de estas parejas no debe llamarse "matrimonio"? ¿Es esto algún disparate? ¿Es que, acaso, las uniones del mismo sexo y el matrimonio no son realidades completamente diferentes, por mucho que lo diga el Código Civil, que se modificó para contentar a los grupos homosexuales con la intención de obtener agradecidos votos en futuros procesos electorales?
Los inquisidores e intolerantes pretenden amordazar a la Reina para que esté calladita, anulando su derecho a que pueda expresar libremente sus opiniones. ¿Pero en qué país y siglo vivimos?
Me sorprende que ninguna voz se haya alzado ni a favor de la Reina, ni en su contra por otras opiniones personales que ella emitió también: machismo, violencia doméstica, guerra de Irak, Ceuta y Melilla, política exterior, etc. ¿Qué dirían estas voces si doña Sofía se hubiera declarado partidaria del aborto, de la eutanasia, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, etc.? Seguro que aplaudirían hasta con las orejas.
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