A. MEL, Arona
Vecinos de Arona han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que solicita que se establezca la nulidad del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2006, por el que se aprobaba de forma definitiva, pero parcial, el Plan General de Ordenación de Arona (PGO).
Asimismo, en esta misma demanda presentada ante el TSJC se insta a que se suspenda cautelarmente el acto recurrido. Los vecinos argumentan que ya han transcurrido 19 meses desde que la Cotmac aprobara parcialmente el PGO y estableciera que debían subsanarse diversas deficiencias del documento urbanístico presentado (18 reparos en total), "y aún no se ha procedido a la publicación de la parte del Plan General que ha sido objeto de aprobación, lo cual puede obedecer a problemas estructurales que pueden reforzar la pretensión de nulidad que esgrimimos", como queda reflejado en la demanda presentada frente al TSJC.
Por estos motivos, solicitan que "se suspenda la aprobación definitiva del PGO hasta que se subsanen las deficiencias que presenta".
El representante legal de los vecinos, Felipe Campos, entiende que el alcalde está obligado a explicar públicamente los motivos reales por los que aún no está en vigor esa aprobación parcial del PGO, "ya que dos años es tiempo más que suficiente para subsanar lo marcado por la Cotmac". A su juicio, "ante los rumores, los vecinos deben conocer las causas exactas por las que esa parte del planeamiento no se puede aplicar aún".
Según la información recabada por el abogado, la paralización de la entrada en vigor del PGO "podría deberse a un solar situado en El Fraile cuya calificación como suelo urbanizable, a mi juicio, es indebida al encontrarse junto a viviendas consolidadas que aparecen como suelo agrícola", dijo Campos, quien recordó que esta parcela forma parte de la parte del Plan aún suspendida
Respecto a la proporción que ha sido objeto de aprobación o suspensión, en la demanda presentada por los vecinos se explica que "si se examina el porcentaje de parte aprobada y parte suspendida sobre los 81.700.250 metros cuadrados totales, un 48,4% corresponde a la parte aprobada, mientras que el 51,4% restante establece la parte suspendida del planeamiento".
"El suelo rústico representa la mayor proporción del suelo municipal, un 78%", recoge el documento legal presentado ante el TSJC, donde se establece que la parte aprobada (52%) supera a la suspendida (47%), "aunque ésta última comprende los sistemas viarios, los asentamientos rurales y 12 millones de metros cuadrados de protección territorial".
En referencia al suelo urbano y urbanizable, los vecinos argumentan que "es donde más se aprecia la evidente nulidad de este acuerdo" puesto que, en el suelo urbano, la parte aprobada representa un 44,57%, mientras que la suspendida supone un 55,43%. Asimismo, en suelo urbanizable, la parte aprobada sólo representa un 16,08%, y la suspendida alcanza el 83,92%.
Los vecinos aseguran que "de no adoptarse la medida solicitada se producirían situaciones de imposible o difícil reversibilidad" y demandan "la no aplicación de un planteamiento viciado de nulidad". Añaden que "el interés general de los ciudadanos es que Arona cuente con un PGO, pero que éste responda a la totalidad del territorio y los ciudadanos".
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