EL DÍA, S/C de Tenerife
La Asociación de Navieros Españoles (Anave) rechaza el proyecto de Decreto de Transportes Marítimos Regulares de Canarias, porque "pone en peligro la libre competencia y supondrá un aumento de los costes para los usuarios", indicó ayer la asociación en un comunicado.
Una mayor regulación que impida a las empresas adaptar sus servicios, de forma flexible, a las necesidades que en cada momento detecten que demanda el mercado se traducirá "en unos mayores costes y, a la larga, en un empeoramiento de la calidad de los servicios, factores ambos que irán en perjuicio del usuario", apreció Anave sobre la norma autonómica.
La asociación señaló que la existencia de libre acceso y competencia comercial, en los diferentes tráficos, "es la mejor garantía del mantenimiento y mejora permanente de unos servicios marítimos regulares adecuados en calidad y precio a las necesidades de los usuarios".
En la nota, aseguró que someter determinados servicios marítimos regulares a obligaciones de servicio público "sólo estaría justificado si se acredita la existencia de prestaciones esenciales que no se encuentran cubiertas ya por las empresas navieras en términos puramente comerciales".
Mejoras de gestión
Para los navieros españoles, está demostrado que desde hace diez años, cuando aún estaba sujeto a contratos con el Estado, el transporte marítimo interinsular en el Archipiélago "no ha hecho más que mejorar", tanto en cantidad de oferta como en su calidad.
Recuerda la asociación, que engloba a más de 50 empresas, que la edad media de los buques que prestan servicios en Canarias se ha reducido en más de seis años, que han aumentado las frecuencias y que hay nuevos servicios con "buques muy modernos y de última tecnología".
Anave es partidaria, como puso ayer de manifiesto, de limitar el ámbito del proyecto normativo a aquellas conexiones interinsulares en las que se haya detectado una necesidad no cubierta de servicios, "objetivando" claramente esa necesidad.
El proyecto de decreto al que se refiere la patronal fue publicado el 7 de octubre y establece las líneas de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que constituyen las necesidades básicas de cabotaje interinsular en Canarias.
De la misma manera, regula las condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad y precio del servicio que se consideran mínimos indispensables para garantizar una atención suficiente en cada una de esas líneas.
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