EUROPA PRESS, Las Palmas La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado un auto en el que accede a la ejecución provisional de la sentencia que el pasado 11 de julio condenó al Gobierno de Canarias a abonar 92.295.312 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde SA en uno de los pleitos relacionados con el Proyecto Monumental de la Montaña de Tindaya, en Fuerteventura.
La resolución judicial, difundida por el TSJC y avanzada por el diario La Provincia, recoge que Canteras de Cabo Verde deberá constituir aval --en que se hará constar que su vigencia comenzará una vez consignada la cantidad a que asciende la condena-- en el plazo de quince días, por el importe señalado en el fallo de la sentencia, que no impone las costas causadas.
En concreto, el auto se refiere a daños y perjuicios ocasionados por el pleito de la Montaña de Tebeto, contigua a Tindaya, cuya causa judicial es de principios de los años noventa cuando la mercantil solicitó a la Consejería regional de Industria la licencia de explotación minera de la montaña tras una concesión que tenía desde 1982, según explica el citado periódico.
Contra el auto acordado por la Sala podrá interponerse recurso de súplica, "sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada", detalla. El plazo para formularlo es de cinco días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta resolución.
Según el escrito, la entidad Canteras de Cabo Verde, cuyo consejero delegado es Rafael Bittini, promovió con fecha 30 de septiembre del 2008 la ejecución provisional de la sentencia dictada el día 11 de julio del 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
El fallo estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Canteras de Cabo Verde, S.A. contra la desestimación presunta de la acción de responsabilidad patrimonial formulada ante el Gobierno de Canarias el día 16 de agosto de 2006, luego ampliado a la Orden dictada el 9 de agosto de 2007 por el entonces consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. La Sala anuló ambos actos por ser "contrarios a derecho".
Igualmente, reconoció el "derecho" de Canteras de Cabo Verde a ser indemnizada por el Gobierno regional en la suma de 92.295.312 millones euros, más el interés legal correspondiente.
Ante dicha sentencia los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo falló estimó también el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Canteras de Cabo Verde-
Al término de su escrito, Canteras de Cabo Verde suplicó a la Sala que "se sirva admitirlo, unirlo al procedimiento de su razón, y en virtud de lo expuesto en el cuerpo del mismo, se sirva dictar resolución por la que se acuerde la ejecución provisional de la Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 11 de julio de 2008, y se señale el importe de la fianza o garantía a constituir por Canteras de Cabo Verde, S.A., con carácter previo al inicio de los trámites de la ejecución interesada".
De este modo, la Sala tuvo por planteada la solicitud y se ordenó dar traslado del escrito de la entidad promotora del incidente a la representación de la administración demandada, a fin de que en el plazo común de cinco días alegase cuanto estimara procedente.
Por su parte, la representación procesal de la administración regional ha evacuado el trámite mediante escrito en el que advierte de la entidad de los perjuicios que la ejecución provisional llevaría consigo, ya que "afectan a las políticas de contención del gasto público impuestas por las normas comunitarias y estatales y pueden ocasionar además graves problemas de liquidez, e incluso, sanciones".
Por ello, solicitó la desestimación del incidente de ejecución o en su defecto, y subsidiariamente, se dicte auto por el que se "exija caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen, que incluirán el importe de la indemnización, más las rentas dejadas de percibir por la administración por esa cantidad y las sanciones que deba pagar la Comunidad Autónoma de Canarias por superar los límites del déficit permitido".
Sin embargo, la Sala, presidida por Francisco José Gómez Cáceres, ha accedido a la ejecución provisional de la sentencia de 11 de julio del 2008, dictada por este Tribunal, por lo que obliga al Gobierno regional a pagar la citada cantidad.
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