J.D.MÉNDEZ, S/C de Tenerife
Los vecinos afectados por el proceso de urbanización del Valle de las Huertas (trasera de la playa de Las Teresitas) que se consideran legítimos propietarios de una serie de parcelas en el polígono que compró Mapfre Inmuebles a Inversiones Las Teresitas (ILT) volvieron a movilizarse el lunes y ayer martes contra el "cierre indiscriminado y sin avisar del paso a viviendas y propiedades" por parte de los responsables de Dragados, que ejecuta los trabajos. Este cierre de "un camino real, una serventía que hasta ahora respetaban", lo vinculan a que "no permitimos hacer un camino desde el Infobox al nuevo campo de fútbol porque pasa por nuestras tierras".
La empresa alega que "es zona de obras y hay peligro, además de ser una orden de la dirección", pero los vecinos, que dejan claro que "contra los trabajadores no tenemos nada", afirman que "lo demás también es zona de obra". No aceptan la alternativa porque "se trata de una subida empinada de tierra, que estos días de lluvia se convierte en un lodazal, además de no existir puntos de luz, ni acera, ni señalización de peligro. Encima hay que atravesar una zona llena de maquinaria pesada sin seguridad. Por allí pasan a diario muchos niños y mayores. Queremos que, como hasta ahora, se cambien de lado para trabajar y nos dejen el otro para subir y bajar".
El pasado lunes, los vecinos de guardia, ubicados en la caseta a mitad del camino, llamaron a la Policía Local antes de abrir la valla. Ayer parlamentaron con el responsable de una obra que a las cinco de la tarde queda vacía. Aceptó dejar abierta la zona del comienzo del camino porque tenía órdenes de hacerlo "si había oposición vecinal", pero arriba seguía cerrada. Eso llevó a los afectados a quitar las vallas de obra. Seguirán alerta y repetirán la operación "tantas veces como sea necesario".
Otro detalle que ha molestado es "la visita el lunes de un funcionario del Consejo Insular de Aguas que en un texto a bolígrafo nos amenaza con que la Ley de Aguas tiene un reglamento sancionador y en la zona de servidumbre hay que dejar cinco metros a cada lado del cauce público de los barrancos. Le decimos que no, que esa tierra es nuestra". Además "afirman que el campo de fútbol es bien público y para eso se hacía el camino, pero es propiedad de una entidad privada, el CD San Andrés".
Mañana jueves, 30 de octubre, acaba el plazo de 15 días naturales para remitir alegaciones al último informe-propuesta de la Gerencia de Urbanismo, antes de que se convierta en resolución. Fue presentado al Pleno del pasado día 17, pero los vecinos no recibieron el CD con el expediente hasta ayer. Ante el retraso, presentaron el jueves 23 un escrito en la Gerencia pidiendo más tiempo para estudiar el documento. El pasado lunes, día 27, aseguran que "verbalmente nos dijeron que el plazo se ampliaba al 13 de noviembre, pero no tenemos confirmación oficial".
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