Aplicar la directiva Bolkestein en las Islas "sería un suicidio económico"

EL DÍA, S/C de Tenerife

El titular de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martín, afirmó ayer que la aplicación de la Directiva Bolkestein en Canarias "sería una amenaza letal para el pequeño y mediano comercio; un auténtico suicidio económico".

González Martín apoyó su afirmación en los resultados de un dictamen elaborado por la Universidad de La Laguna (ULL), que advierte sobre "los peligros" de que en Canarias se establezca una regulación que permita "sin cortapisas" la implantación de grandes superficies, tiendas de descuento duro, de saldo permanente y libertad de horarios comerciales.

La presentación del dictamen, que se efectuó ayer en la Cámara de Comercio, corrió a cuenta del catedrático de Economía Aplicada de la ULL José Luis Rivero Ceballos, el presidente de la Confederación Regional de Comercio de Canarias (Coreco), Luis de Miguel Bartolomé, y el vicepresidente de la Confederación de Pymes del Comercio de Las Palmas, Graciliano Afonso.

Durante su intervención, Rivero Ceballos aseguró que la Ley de Comercio que regula esta actividad en las Islas "debe mantenerse por encima de los criterios de la nueva directiva, que pretende eliminar todas las barreras a la competencia".

"Nuestra legislación no es discriminatoria, es necesaria y, además, proporcional, los tres requisitos que exige la UE para permitir excepciones a la directiva", añadió.

Además, Rivero Ceballos advirtió de que una liberalización "radical" del comercio en una economía "vulnerable" como la de Canarias "podría conducir, paradójicamente, a una limitación o eliminación de la competencia, es decir, se podrían producir situaciones de dominio, oligopolios y monopolios".

Ante esta amenaza, tanto la Cámara como la propia Confederación Regional de Comercio mostraron su "profunda preocupación" por la situación de crisis "galopante" que está atravesando el sector, que en estos momentos registra una "caída brutal" de las ventas, y un paro que en septiembre se situó cerca del 16%, con más de 28.400 desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo.

Ignacio González Martín efectuó un llamamiento al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para que "mantenga el espíritu de su compromiso recogido en su programa electoral" en el que proponía exigir al Ejecutivo central la no aplicación de esta directiva "en la medida en que pone en peligro la subsistencia del comercio tradicional de las Islas", manifestó.