NACHO MARTÍN, Las Palmas
Coalición Canaria salió ayer más nacionalista de su IV Congreso Nacional, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Más nacionalista sí, pero menos Coalición Canaria también. Si bien es cierto que sus compromisarios y dirigentes decidieron apostar por el bilateralismo en su relación con el Estado y que dejaron negro sobre blanco su visión confederal de España, no lo es menos que a partir de ahora los órganos regionales del partido verán seriamente recortadas sus competencias a favor de las organizaciones insulares.
Quizá lo más llamativo del cónclave no fuera eso, sino la elección en el último minuto de la ex alcaldesa de La Oliva Claudina Morales como presidenta. O de la responsable insular de Gran Canaria, María del Mar Julios, como secretaria de Organización.
Pero este hecho no oculta que Morales y Julios dirigirán a partir de ahora una organización con menos competencias a nivel autonómico que la de sus predecesores, Paulino Rivero y José Torres Stinga. Ya que el poder real ha sido trasvasado a las islas.
Éste al menos fue el resultado de una intensa negociación sobre la ponencia de Estatutos que se inició el pasado sábado por la tarde y que no finalizó hasta bien entrada la madrugada del domingo.
Tanto la organización de La Palma como la de El Hierro había propugnado la creación de un nuevo órgano que reuniera a los siete presidentes insulares y que fuera quien llevara la voz cantante en el partido en una suerte de retorno a los tiempos de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC).
Finalmente esta solución fue rechazada, pero a lo largo del proceso de transacciones de las enmiendas, una y otra organización lograron imponer una buena parte de la filosofía de fondo: que la dirección nacional de CC no tenga capacidad de maniobra en las organizaciones insulares.
A partir de ahora los nuevos estatutos reservan a las organizaciones insulares el diseño de las estrategias del partido en su propio ámbito, aprobar los programas electorales insulares, elaborar las candidaturas a cabildos, ayuntamientos, Senado y Parlamento de Canarias, hacer sus propios reglamentos de funcionamiento interno e, incluso, "negociar condiciones de pactos insulares y municipales" con otros partidos, lo que en la práctica supone que la dirección autonómica del partido no tendrá margen alguno para definir una estrategia de alianzas a nivel general.
Además, toda esta labor de descentralización quedó coronada con la decisión del congreso de exigir que todo acuerdo que adopte el Comité Permanente Colegiado -el órgano que gestiona y ejecuta el día a día del partido y en el que se sientan los siete presidentes insulares- tenga que lograrse por unanimidad, lo que en la práctica otorga a las organizaciones de las diferentes islas capacidad para dilatar casi cualquier asunto hasta que sea resuelto por un órgano superior, un veto del que nos disfrutaban hasta ahora.
La evidente satisfacción de herreños y palmeros ante estos cambios no era ayer compartida por todas las organizaciones y muy especialmente por la de Tenerife, que finalmente fue la que cedió en su posición y que hizo pública su desaprobación mediante una intervención en el plenario del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Ejercicio responsable
Bermúdez advirtió de que, con este nuevo modelo, "habrá que trabajar mucho para que el partido funcione" y, pese a admitir que "hay cosas -en la ponencia de Estatutos- que no nos gustan", anunció el voto favorable de los suyos en aras de "poner este proyecto por delante de otros intereses" y como "ejercicio nacionalista responsable".
Menos cautos, sin embargo, se mostraban en los pasillos del congreso otros dirigentes tinerfeños, para quienes esta reforma supone dar "un paso atrás". Así, uno de ellos se preguntaba acerca de "qué capacidad les queda entonces ahora a los órganos nacionales" y aseguraba que el partido "ha reforzado enormemente el insularismo porque se explicitan demasiado sus competencias".
Otras fuentes decían que este nuevo modelo "dificultará enormemente la toma de decisiones y el control por parte de los órganos nacionales" y criticaban que a partir de este momento sean las organizaciones insulares las que "nos elijan a los compañeros de cama, que no vamos a saber ni quiénes son tanto al Parlamento de Canarias como al Senado. Yo me acuesto con quien quiero", añadía al tiempo que se preguntaba: "¿Y si decidieran, por ejemplo, colocar a un imputado en las listas al Parlamento? No podríamos hacer nada, aunque eso pudiera afectarnos".
A juicio de las fuentes citadas, esta estructura "no parece la más adecuada", si bien expresaron su confianza en que esto "sirva para que las islas se acerquen más y se comprometan en la toma de decisiones".
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