La financiación de servicios y obras

La "guerra" que desde comienzos del pasado verano ha enfrentado al Gobierno de Canarias y las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- por la devolución de ingresos ha empezado a encontrar puntos de encuentro reflejados en los acuerdos alcanzados esta misma semana, y con los que se da paso al necesario entendimiento entre administraciones, además de la búsqueda de soluciones razonables para la financiación de las obras y los servicios públicos que se deben seguir prestando al ciudadano.

Han sido necesarias varias reuniones y el transcurso de más de tres meses para acabar con decisiones unilaterales y reclamaciones en las que no siempre se tenía presente que la financiación de los cabildos y los ayuntamientos afecta directamente al vecino, pues se trata de las administraciones más cercanas al pueblo y de las que depende buena parte de las prestaciones que garantizan la estabilidad social y la calidad de vida de los canarios.

Esta realidad generalizada, que cobra aún más fuerza en las Islas no capitalinas como La Gomera, donde son sumamente importante el empleo y las actuaciones que dependen del cabildo y los ayuntamientos, garantes también de las prestaciones sociales que aseguran el bienestar de la población, es el origen de los enfrentamientos con el Ejecutivo regional, que, ante el descenso de la actividad y la consiguiente recaudación de fondos, no incluidos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año, reclamó el reembolso de nada menos que 200 millones de euros.

La realidad, además, es que desde hace muchos años los fondos que proceden del Gobierno para cubrir competencias que tienen transferidas a las corporaciones locales no son suficientes para realizar el servicio; no se han actualizado los precios de convenios a través de los que se cofinancian instalaciones como los centros de mayores, lo que obliga a cabildos y ayuntamientos a soportar el incremento de costes que se ha producido con el paso de los años, o lo que es lo mismo, pagar el coste real del servicio, y son las administraciones de cada isla las que soportan con fondos propios durante todo el año muchos de los programas como los relacionados con los menores o los inmigrantes, pues la financiación autonómica que deben recibir no llega hasta finales del ejercicio.

Existe, asimismo, una deuda del Gobierno regional con las instituciones insulares y municipales en relación al Régimen Económico y Fiscal (REF) en concepto de intereses, recargos y sanciones correspondiente al período 1993-2003, por lo que resulta evidente el sobreesfuerzo de Cabildos y Ayuntamientos que, por grandes que sean las dificultades económicas actuales, no puede obviarse ni siquiera cuando se trata de afrontar los problemas derivados de la crisis que, por otra parte, afecta por igual al conjunto de las administraciones.

Tres han sido las claves que desde el primer momento plantearon los Cabildos para abordar la devolución de ingresos a cuenta: el reparto de las cantidades para causar el menor daño posible a la actividad de cada Isla y mantener la acción social; el mantenimiento de los planes sectoriales, en los que se incluyen las carreteras, las infraestructuras turísticas y sociales o la potenciación de las zonas comerciales, entre otros, y los pagos pendientes, que no sólo abarcan las cantidades del referido período, sino también el impago de los recursos mensuales del REF correspondientes a este mes de octubre, que el vicepresidente del Ejecutivo decidió, sin contemplaciones, no pagar a las Corporaciones insulares en los plazos correspondientes.

La postura insular ha sido clara desde el principio: es necesario afrontar la crisis entre todos. Es un error echarnos las culpas los unos a los otros y trasladar el problema de una administración a la siguiente. En consecuencia, debemos valorar de forma muy positiva que finalmente se haya logrado un primer acercamiento entre las partes, que conlleva la creación de una comisión permanente para intercambiar información y analizar todas las cuestiones de índole económica e interés general, en la que, sin lugar a dudas, se podrán resolver todas las reservas que aún plantean los ayuntamientos, que ya han hecho público su descontento.

Se ha acordado, asimismo, la distribución en tres anualidades del exceso de las entregas a cuenta, que comenzarán a contar este mismo año -33 por ciento en cada ejercicio-; el mantenimiento de los planes sectoriales, incluso aquellos que hayan concluido, aunque con una disminución del 10 por ciento, y el pago durante 2009 de la deuda del Gobierno con las Corporaciones locales.

El Ejecutivo regional ha entendido también la conveniencia de ingresar los recursos para la financiación de las competencias transferidas en una bolsa común, pero no se ha podido concluir la creación de un fondo de actualización de financiación de estas competencias, que dependerá de los recursos disponibles, pese a que, hoy por hoy, es muy necesario, pues hablamos de pagar servicios que se ofrecen al ciudadano. Se trata de garantizar el interés general, que para bien de todos los gomeros, los herreños, los palmeros, los conejeros, los majoreros, los canariones y los tinerfeños debe imponerse en la difícil pelea protagonizada por el Gobierno regional, y que ha tenido a los cabildos y los ayuntamientos con el alma en vilo durante los últimos meses.

* Presidente del Cabildo de

La Gomera