¿A quién le gusta esta ley?

N.M., S/C de Tenerife

Lejos de concitar consenso alguno, la mal conocida como nueva moratoria o Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo se ha convertido en una bomba de relojería que amenaza con tener un indudable coste político para el Gobierno de Canarias por el rechazo casi total que ha concitado en los diferentes sectores de la sociedad del Archipiélago, especialmente en los sectores a los que va dirigida.

Concebida inicialmente como un instrumento para agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos que se veían lastrados por un exceso de burocracia y por una compleja maraña legislativa, la nueva norma ha acabado por modificar sustancialmente dos de las principales leyes en las que se basa la protección y la racionalización en el uso del territorio de Canarias, según coinciden en señalar todos los expertos. A su juicio, no sólo no facilita la ejecución de nuevos proyectos, sino que la ley incide en la columna vertebral tanto de la Ley de Directrices como en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en lo que para los principales críticos del texto no es sino la derogación de facto de la moratoria turística y la liberalización del suelo rústico.

El Colegio de Arquitectos de Canarias, organizaciones ecologistas y las propias patronales hoteleras encabezan la lista de quienes se oponen a la ley, lista que fue cerrada hace escasos días por el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez, uno de los expertos en materia de territorio más reputados del Archipiélago y una de las apuestas más arriesgadas del propio presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, al crear este organismo, dependiente directamente de él.

García Márquez, principal redactor de las directrices que en 2003 dieron forma a la moratoria, no dejó el cargo de manera discreta, sino con un contundente informe sobre la nueva normativa en el que acusa al Ejecutivo de acabar con los principios de protección del territorio que se venían aplicando en Canarias hasta ahora.

Pero, ¿cuáles son los principales argumentos de quienes atacan de manera frontal este proyecto de ley para el que se utilizará un procedimiento de urgencia en su tramitación parlamentaria?

1.- No simplifica la tramitación. Pese a ser el principal argumento esgrimido por el Gobierno, la necesidad de agilizar la tramitación de proyectos en plena crisis económica, tanto el propio García Márquez en su informe como el que ha realizado el Colegio de Arquitectos de Canarias (CAC) coinciden en que más bien ocurrirá lo contrario. Los segundos señalan que el texto del Gobierno se refiere constantemente a la necesidad de desarrollar nuevos reglamentos que ralentizarán su aplicación hasta que dichos reglamentos se legislen y señalan hasta 17 referencias de este tipo. A este respecto, la miembro de la comisión regional de Urbanismo del CAC, Pía Oramas, advierte de que "llama la atención que para simplificar la ley se refiera constantemente a la necesidad de nuevos reglamentos, cuando aún faltan por desarrollar las propias directrices sectoriales de 2003". Por su parte, el ya ex director de la Agencia alerta en su informe de que esta necesidad constante de un desarrollo posterior podría provocar un efecto contrario al que se busca: paralizar proyectos hasta que se haga este trabajo.

2.- Contradicciones, lagunas y conceptos indeterminados. Se trata de una de las principales críticas realizadas por el Colegio de Arquitectos de Canarias. Según explica Oramas, la ley habla de conceptos que, a su juicio, resultan extremadamente vagos, como cuando se refiere a la autorización de "actuaciones de escasa relevancia territorial". "¿A qué se refiere con escasa relevancia?", se pregunta. "La ley debería poner unos límites para saberlo", añade para, a continuación, asegurar que los expertos del Colegio han hallado numerosas contradicciones tanto con la Ley de Directrices como con el Texto Refundido "sin que en ninguna parte establezca que quedan derogadas las disposiciones de ambas normas".

3.- Liberalización del suelo rústico. Es quizá uno de los aspectos más controvertidos de la ley, ya que con el supuesto objetivo de agilizar la tramitación de proyectos urbanísticos, la ley convierte lo que antes eran instrumentos del planeamiento -lo que obliga a pasar por una tramitación especialmente garantista que incluye informes de impacto medioambiental- en simples autorizaciones administrativas en las que la decisión final depende de la voluntad de la Administración. Esto es especialmente cuestionado en lo que se refiere al suelo rústico, en el que no sólo se introducen autorizaciones administrativas, sino para el cual se crean figuras especiales que permiten legitimar, por ejemplo, proyectos industriales o la construcción de colegios. Todo ello al margen del planeamiento vigente o, incluso, modificando de facto el propio planeamiento. Para Pía Oramas "se trata de una cierta liberalización de lo que precisamente más hay que proteger, que es el suelo rústico. Al final, muchas de esas figuras dependerán de la decisión del Gobierno. Es decir, que la última palabra la tendrá un órgano político" gracias al nivel de discrecionalidad que concede el texto. García Márquez en su informe introduce, además, una duda adicional, ya que en Canarias existen varios millones de metros cuadrados de suelo calificado como industrial que no se ha desarrollado. Y, por lo tanto, se inclina más por sacar al mercado este suelo y no por permitir usar nuevo suelo, en este caso rústico, para estos proyectos que ya tienen terrenos disponibles.

4. Amnistía encubierta de explotaciones turísticas y ganaderas. El informe realizado por la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible no hace referencia a este aspecto, pero sí el que ha estado a cargo de los arquitectos, que rechazan lo que prevé la norma para legalizar las explotaciones turísticas y ganaderas existentes en lo que consideran una "amnistía encubierta", según la definición de Oramas. Entre otras cosas, la ley permitirá iniciar la legalización de este tipo de instalaciones aunque tengan un procedimiento oficial sancionador abierto por no cumplir la legislación. No obstante, el Colegio de Arquitectos cree que este punto se refiere de forma concreta a los hoteles y apartamentos cuyas licencias han sido anuladas en Lanzarote y Fuerteventura. "Pensamos que se trata de una amnistía encubierta a estas instalaciones", asegura la arquitecta.

5. Renovación de la planta alojativa. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno incluido en esta nueva ley, que establece la autorización de nuevas camas cuando se sustituyan por otras obsoletas. Para ello se establecen unos coeficientes que permiten obtener hasta siete nuevas plazas alojativas por cada una que se saque del mercado. Si el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible habla en su informe de un exceso de oferta, los arquitectos cuestionan la falta de un modelo claro para esas nuevas instalaciones alojativas. Además, este objetivo se vería obstaculizado de manera importante con la aparición en la ley de la figura de los hoteles-escuela.

6.- Derogación de facto de la moratoria turística. Regulada por la Ley de Directrices de 2003, la moratoria vigente establece sólo una vía para sacar al mercado nuevas camas: su aprobación definitiva por el Parlamento de Canarias con un tope máximo que debe establecerse en una ley trianual. La nueva legislación no habla de un número máximo de plazas alojativas, pero introduce una nueva figura, la de los hoteles-escuela de cinco estrellas que no precisarán del desarrollo por el que sí tenían que pasar las camas turísticas por la Ley de Directrices. A juicio de los arquitectos y también de las patronales hoteleras de Canarias, esto supone acabar con la moratoria, ya que cualquiera podrá sacar adelante este tipo de hoteles sin límites. La miembro de la comisión regional de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Canarias, Pía Oramas, comparte la tesis de que con este modelo se pone fin a la moratoria. Si bien cree que ésta no es una norma que no pueda ser reformada, se muestra contraria a que "para los hoteles-escuela no se establezca ni unos estándares de calidad, ni una infraestructura obligatoria, ni un modelo". Y plantea varias dudas concretas: "¿Bastará con poner una academia de hostelería para que se considere hotel-escuela? ¿Y si dos años después se deja de prestar ese servicio, qué hacemos con el hotel, lo van a tirar?" En opinión de Oramas, además, se trata de un obstáculo para la renovación de la planta alojativa. "¿Qué inversor se va a poner a renovar las camas obsoletas cuando puede optar por los hoteles-escuela?", cuya tramitación es mucho más simple.