El colectivo de la perrera estudia pedir una indemnización al ayuntamiento

R. SÁNCHEZ, Pto. de la Cruz

La Asociación Refugio Internacional de Animales, que gestionaba la desaparecida perrera de Punta Brava, reclama al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz la cesión de unas instalaciones donde poder seguir ejerciendo su actividad de recogida de perros abandonados o, de lo contrario, iniciarán gestiones para exigir al consistorio una indemnización que compense los "30 años de servicio público" de este colectivo.

La directora de la asociación, Inger Rogn Jacobsen, ha presentado en el ayuntamiento un escrito en el que solicita la cesión de un local donde reabrir la perrera, "con la mayor brevedad posible", a fin de "evitar se agrave el daño y perjuicio que por la carencia de un local se está ocasionando a esta asociación, que no puede reagrupar a sus perros ni continuar en el desempeño de su actividad".

Jacobsen responde al gobierno local, que le exigió recientemente la retirada inmediata de los perros acogidos en un refugio del Sur bajo la amenaza de reclamar los gastos generados, "que no se ha producido abandono alguno de sus perros por parte de esta asociación, sino que se ha visto desposeída de los mismos en contra de su voluntad, por parte del ayuntamiento tras el desalojo y derribo del inmueble que venían ocupando".

A su juicio, la reagrupación de los animales requiere la colaboración del Ayuntamiento portuense, "que debería habilitar un local de similares características al que veníamos ocupando, ya que este colectivo carece de medios económicos para ello. Esta falta de local y recursos es una evidente causa de fuerza mayor, por lo que, en modo alguno, se nos puede acusar de abandono".

"Esta colaboración es una obligación municipal, ya que su deber es promover la actividad de recogida y recuperación de animales, en observancia de su propia ordenanza, que regula la protección de los animales, y de la demanda social existente", afirma Jacobsen.

El colectivo advierte al ayuntamiento de que "se abstenga de realizar cualquier acto de disposición sobre los perros, ya sea directamente o a través del actual albergue, ya que el desalojo de los animales ha sido una decisión unilateral del consistorio, que deberá ser quien sufrague los gastos que estos generen".