Obligaciones de un Gobierno en épocas de crisis

LOS TIEMPOS que corren obligan a revisar los parámetros ideológicos clásicos, y así lo han entendido ya países tan relevantes como Estados Unidos, regido por uno de los sistemas más liberales de nuestro mundo y que, sin embargo, acaba de revelarse como un gobierno de los más intervencionistas. A principios de esta semana se conocían los primeros detalles del plan de rescate financiero del Ejecutivo americano que, obligado por las circunstancias económicas actuales, ha decidido inyectar en el mercado un presupuesto de 700.000 millones de euros con los que se comprará hipotecas a los bancos.

El objetivo es ayudar a instituciones financieras de todo tamaño a fortalecerse y a proporcionar la financiación que es crucial para la economía, un camino que con carácter preventivo también ha emprendido el Gobierno español pues, aunque de sobra es sabido el mayor grado de solvencia de la banca nacional, nos enfrentamos a una crisis global que hace más necesarias que nunca las garantías de Estado para que los mercados vuelvan a recuperar la confianza y sea posible dinamizar la sociedad.

Impulsar y supervisar el desarrollo es una tarea que deben imponerse todas las administraciones, de modo que la actuación de EEUU y que en menor escala ha emprendido España y se ha repetido también en las principales naciones europeas se traslade también a los Gobiernos autonómicos y las Corporaciones locales. Tenemos que empujar todos a una para contar con una isla, una comunidad y un país que funcione; incentivar la actividad privada para favorecer la generación de riqueza, y afrontar la situación con realismo, pero sin pesimismo.

El primer paso será alejarnos de enfrentamientos y de tópicos sin demasiado fundamento, como el que apunta al sector de la construcción como el principal causante de la crisis. Este ámbito de la economía representa tan sólo el 9,4 por ciento del Producto Interior Bruto de la economía española. Es evidente, por tanto, que ni el crecimiento de la economía española se debe exclusivamente a la construcción, ni ésta es la causante de todos los problemas actuales.

Cierto es que el modelo actual está en crisis y que hay que renovarlo cuanto antes mejor, pues todos los indicadores apuntan a que los próximos años, especialmente el 2009, será muy complicado -la actividad se ha reducido, circula menos dinero, las administraciones tienen menos ingresos y es necesario priorizar y recortar gastos-. Sin embargo, la construcción residencial se mantendrá en nuestro país y será superior a la de otros países del entorno, pues muy pocos registran un crecimiento de población como el nuestro y, por tanto, tienen la misma necesidad de crear nuevos hogares.

Durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 se inició en nuestro país una media de 670.000 viviendas por año, que en este ejercicio se han visto reducidas a unas 300.000, pero la situación se normalizará y estabilizará en torno a las 400.000, cantidad que implica un mensaje de tranquilidad para los constructores y que, pese a todo, no puede hacernos olvidar que la economía española necesita innovación y competitividad. En este contexto se enmarca la apuesta del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero por I+D+I, que con toda seguridad nos ayudará a aumentar los avances tecnológicos de nuestro país y extender los ejemplos de las empresas españolas competitivas a nivel internacional, especialmente en sectores como las energías renovables o la biotecnología.

Pero no podemos quedarnos sólo ahí. Tenemos también que mejorar la educación, sobre todo de los jóvenes de hasta 18 años y la formación profesional, además de, por supuesto, mantener un fuerte ritmo de inversión pública, en el que encaja el Plan de Infraestructuras de Transportes del Estado y también la política que desarrollamos en el Cabildo de La Gomera, donde tenemos muy claro que las iniciativas del próximo ejercicio deben orientarse principalmente a la generación de empleo.

El diálogo social con empresarios, sindicatos y comunidades autónomas será fundamental para poder atender las necesidades de los ciudadanos, además de hacer frente a una crisis internacional, ante la que no caben decisiones unilaterales y en la que, por muchos problemas de liquidez con los que nos enfrentemos, tenemos que lograr acuerdos que no asfixien a ninguna de la partes y permitan asegurar la calidad de vida y el bienestar al que tienen derecho todos y cada uno de los vecinos y vecinas de La Gomera, Canarias, España y el conjunto del planeta.

Con toda seguridad, la concertación social y las medidas que se están poniendo en marcha, y que hablan de un gobierno nacional decidido e implicado, nos permitirán empezar a hablar de otra manera dentro de un año. Es conveniente, por tanto, apostar por el entendimiento, los acuerdos entre administraciones y todos los agentes locales, además de lanzar un mensaje de tranquilidad y esperanza, pues con esfuerzo, constancia y dedicación real al interés general lograremos cambiar el sombrío horizonte que hoy pesa sobre las familias. Esperamos que este Gobierno de Canarias se implique y se implique de verdad para atender los problemas de los canarios.

* Presidente del Cabildo de La Gomera