EFE, Caracas
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó ayer una "honda preocupación" por el grave problema de inseguridad que sufre el país y "exigió" al Gobierno que, en el marco de la ley, garantice el derecho a la vida de los ciudadanos.
El planteamiento quedó recogido en el documento "Por la Vida y la Democracia" elaborado durante la XXXVIII Asamblea Extraordinaria Plenaria de la CEV y divulgado ayer.
Todas las encuestas, tanto las oficiales como las ordenadas por la oposición, coinciden en señalar que el problema que más agobia a los venezolanos es el de la inseguridad.
La Organización de Estados Americanos (OEA) señaló a principios de octubre que el índice de criminalidad en Venezuela es de 45 muertes por cada 100.000 habitantes, solo superado en la región por El Salvador y Jamaica.
Los obispos también criticaron los gastos que el Gobierno está haciendo para reponer material militar obsoleto, principalmente en Rusia, y afirmaron que "no se justifica la enorme erogación de recursos de la nación en la compra de armamento".
La CEV dedicó un párrafo a la crisis financiera mundial y señaló que "obliga al Gobierno a buscar soluciones con todos los sectores de la sociedad que puedan aportar ideas y propuestas valiosas y concretas para disminuir las consecuencias".
Además, los obispos criticaron el paquete de 26 leyes emitidas por Chávez, al amparo de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional, señalando que contienen "elementos" de carácter "estatizante, autoritario y centralizador".
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