EL DÍA, S/C de Tenerife
El Cabildo de Tenerife "comprende" que se han de devolver los fondos al Gobierno de Canarias porque los ingresos han descendido, y de ahí que en el último pleno se haya reservado ya un 30% del dinero que se ha de devolver con una partida que supera los 12 millones de euros.
Así lo ha explicado el consejero insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pérez Borrego, que indicó que la reunión que se celebró ayer entre los presidentes de cabildos con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, fue el final de una serie de conversaciones entre ambas administraciones.
La reunión de presidentes permitió concretar las fórmulas y de qué manera los cabildos reintegrarán el dinero al Ejecutivo regional. En este sentido señaló que "este es un año muy duro para todos" y "las previsiones de ingresos han sido menores", por lo que consideró que es "comprensible" que se devuelvan estos fondos.
Pérez Borrego matizó que las previsiones de ingreso y recaudación no se han cumplido y lo que "toca" es devolver el dinero. El Cabildo de Tenerife amortizará los más de 40 millones de más que ha recibido en tres años. "Los dos primeros pagaremos el 30% cada uno y el 40% en el último año, confiando en que la situación económica mejore para esa fecha", concluyó.
Acusación a Soria
José Antonio Valbuena, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, ha mostrado su más profundo rechazo a lo que ha calificado como "chantaje" por parte de la Consejería de Economía y Hacienda que dirige José Manuel Soria, que recientemente ha dejado de ingresar los recursos correspondientes del REF a las corporaciones locales ante la negativa de éstas de devolver parte del dinero que el Gobierno de Canarias les entregó a inicios del ejercicio económico.
A juicio de Valbuena, "la decisión unilateral que ha tomado el Gobierno de Canarias pone en riesgo la estabilidad financiera de los cabildos y ayuntamientos, y resulta indignante y hasta repulsivo ver cómo José Manuel Soria pretende romper la soga por la parte más débil".
El portavoz socialista subrayó que "con este acto, las administraciones locales ven comprometidos no sólo el gasto social y las inversiones, sino hasta el pago de las nóminas de sus propios trabajadores". Sin embargo, para el portavoz "los mayores damnificados serán los ciudadanos, ya que los cabildos y los ayuntamientos son sus administraciones más cercanas y es inaceptable que se juegue con esas necesidades".
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