La Fiscalía recurre la investigación del franquismo en el juzgado de Garzón

AGENCIAS, Madrid

El juez Baltasar Garzón ha tomado la delantera en la pugna que mantiene con la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la causa penal abierta contra el franquismo. En esta línea, el magistrado reconvirtió ayer esa causa, que tenía envoltura de diligencias previas, en sumario, una pequeña triquiñuela procesal con la que gana tiempo y se hace con la iniciativa en la fase de recursos que se avecina.

El fiscal jefe Francisco Javier Zaragoza tenía previsto presentar el anunciado recurso directamente ante la Sala de lo Penal, algo posible en el caso de unas diligencias previas, que convierte el trámite en un diálogo procesal entre el fiscal y el tribunal en torno a los argumentos del acusador público, en el que el juez instructor no interviene.

No obstante, una vez reconvertido el proceso en sumario, sujeto a normas procesales más rígidas, Zaragoza está obligado a recurrir primero, en reforma, ante el propio Garzón, que goza así de una oportunidad para rebatir los argumentos contrarios a la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la dictadura de Franco. Después, la sala resolverá la diatriba en la fase de apelación, en la que juez y fiscal intervienen en igualdad de condiciones.

Gracias a esta maniobra, Garzón logra retrasar la decisión de la sala un lapso que puede oscilar entre dos semanas y dos meses, algo que puede ser suficiente para poner algunas iniciativas como la exhumación e identificación de los restos humanos que hay en una veintena de fosas comunes localizadas en distintas provincias.

La causa abierta por Garzón provocó ayer numerosas críticas por parte del PP, como las declaraciones de su presidente fundador, Manuel Fraga, que la tildó de "disparate". Las críticas llegaron también de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien consideró "esperpéntico" que se haya pedido el certificado de defunción de Franco. Sin embargo, subrayó que los ciudadanos están "en su perfecto derecho" a conocer dónde están enterrados sus familiares.

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo popular en el Congreso, opinó que esta iniciativa responde a "otra cosa" que no es la administración de Justicia.

Autonomía de los jueces

Mientras, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, argumentó que el auto demuestra la autonomía de los jueces.

El presidente del Congreso, José Bono, defendió que se respete "la memoria de quienes murieron en condiciones indignas" durante el franquismo, aunque opinó que "no hay que invocar aquellos hechos para remover de un modo en que el odio haga acto de presencia".

Enl secretario general del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, dijo que la Ley de la Memoria Histórica "nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal" como la que ha abierto Garzón.

Por su parte, el sobrino del poeta granadino Federico García Lorca, Manuel Fernández-Montesinos, aseveró que su familia baraja la posibilidad de emprender acciones legales para evitar que se produzca la exhumación de la fosa donde supuestamente se encuentran sus restos.