NC defiende "la absoluta vigencia" de la moratoria turística

E. PRESS, Las Palmas

Nueva Canarias (NC) defiende la "absoluta vigencia" de la denominada moratoria turística fijada por la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias aprobada en abril de 2003 por el Parlamento de Canarias por unanimidad de todas las fuerzas políticas.

La formación nacionalista señala en un comunicado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el Decreto 126 de 28 de mayo de 2001, "no invalida la moratoria turística puesto que la misma fue confirmada por la Ley de 23 de julio de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo, que suspendió la vigencia de las determinaciones relativas al uso turístico en los instrumentos de planeamiento y, con ellas, el otorgamiento de licencias de nuevas camas turísticas". Por tanto, "no abre ninguna vía de indemnizaciones al Gobierno autónomo por la inexistencia de normativa legal entre mayo de 2001 y la Ley de Directrices aprobada en abril de 2003".

Medidas cautelares

Según el presidente de NC y presidente del Gobierno de Canarias en ese tiempo, Román Rodríguez, "el proceso de elaboración de las Directrices obligaba a establecer una serie de medidas cautelares de suspensión de los instrumentos de planeamiento, así como las licencias de nuevos alojamientos turísticos", y que esa medida se adoptó por Decreto para impedir la aprobación masiva de nuevas licencias y la clasificación de más suelo turístico hasta que se tramitara esa suspensión por ley, como finalmente se hizo en julio de 2001.

"Se trataba de parar el desaforado crecimiento turístico que se estaba produciendo para poder reflexionar y debatir serenamente con la sociedad la necesidad de reorientar nuestro modelo turístico hacia la sostenibilidad", añadió.

Agregó que a lo largo de casi tres años se produjo un importante debate social -con dos periodos de información pública que abarcaron cinco meses- con participación de cabildos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, colegios profesionales, colectivos ecologistas, universida- des o ciudadanos a título particular.

Ese proceso generó un "gran consenso social" que culminó con la aprobación por unanimidad de todos los partidos en el parlamento de la vigente Ley de Directrices. NC destaca "que contrasta este proceso participativo y de consenso con las prisas y la falta de acuerdo social con la que el actual Gobierno de Canarias ha presentado su Ley de Medidas Urgentes".