Díaz Tejera pide la dimisión de Soria "por decencia"

EFE, Las Palmas de G.C.

El senador socialista por Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, solicitó ayer la dimisión del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria, por "decencia política" ante su gestión en su etapa como alcalde de la capital grancanaria.

Díaz Tejera afirmó en una rueda de prensa que "hay una acumulación de asuntos" relacionados con la gestión política del líder del PP en Canarias tanto cuando fue alcalde de la capital grancanaria como en su etapa de presidente del Cabildo de la isla, como es el "caso del salmón", que "afectan a la decencia de la vida pública".

El senador sostuvo que el "mito de buen gestor" que se creó durante la etapa de alcalde de la ciudad está vacío de contenido, pues son más de 40 millones de euros lo que el ayuntamiento debe abonar en concepto de indemnizaciones por los "pufos" y "pelotazos" urbanísticos que se produjeron en ese periodo.

Afirmó que son más las indemnizaciones que habrá que pagar, porque están pendientes de valorar las que se deben abonar por los convenios urbanísticos alcanzados por el solar de Pavía y del Canódromo.

De dudosa legalidad

Según Díaz Tejera, los convenios urbanísticos suscritos durante la etapa de Soria "defraudan" el planeamiento y rehuían el periodo de información pública para facilitar operaciones de "dudosa legalidad", que en absoluto convienen al interés general.

El senador socialista se preguntó cómo es posible que dos de las tres parcelas del convenio que se firmó para el Canódromo se revalorizaran en un plazo de seis y de 30 días en cuatro millones de euros y cuatro millones y medios de euros, respectivamente, así como que se permutara una parcela en Las Torres con una tasación de tres años de antigüedad.

Díaz Tejera manifestó que un representante de la población que no fije posición ante esta situación es "susceptible de ser responsable por omisión", pues se trata de un comportamiento que "repugna" en el ámbito político.

Asimismo, dijo que no es necesario que exista un pronunciamiento de la Justicia sobre estas actuaciones, pues se trata de una cuestión de "decencia política en la gestión de la cosa pública".

El senador subrayó la necesidad de una política alejada de los escándalos.