Educación deberá abonar "millones" a 4.000 docentes interinos de las Islas

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

Alrededor de 4.000 funcionarios interinos que prestan servicios en la Administración educativa han visto reconocido su derecho a percibir los trienios acumulados desde el 13 de mayo de 2007, fecha en la que entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas ha dado la razón, en sentencia firme, a CCOO, que defendía que estos empleados públicos estaban en disposición de cobrar estas cantidades independientemente del área del Gobierno donde hubiesen prestado servicios, frente a la interpretación "restrictiva" que hacía de la ley el Ejecutivo regional.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Canarias, José Ramón Barroso, calcular el importe que la Consejería de Educación deberá pagar a los trabajadores es "muy complicado", aunque advirtió de que "serán cantidades muy importantes, millones de euros", debido a que, además de los trienios, deberán abonarse los intereses.

No obstante, en un primer momento la sentencia beneficiará únicamente a los funcionarios de la provincia de Las Palmas -de donde procede la demanda original-, mientras que en Tenerife habrá que estudiar si es necesario emprender nuevos procesos. Al margen de los profesores, el fallo afecta a otros 7.000 funcionarios de otros departamentos de la Administración autonómica.

"Es un varapalo en toda regla para la Función Pública canaria", aseguró Barroso, quien recalcó el carácter "dialogante hasta la extenuación" de Comisiones Obreras, pero señaló que, "cuando la negociación no da frutos", no duda en recurrir a la vía judicial, que, recordó, suele darle la razón, algo que espera que también ocurra en el caso de la homologación salarial del profesorado no universitario, que se verá en los tribunales en enero de 2010.

En parecidos términos se pronunció Desiderio Padilla, responsable de los servicios jurídicos de la federación: "La sentencia es un primer paso y un aviso de que lo mismo puede ocurrir con la homologación".

El sindicato considera que el Gobierno autónomo hizo en su momento una "interpretación restrictiva" del Estatuto Básico del Empleado Público con la intención de evitarse el pago de los trienios a los funcionarios que tuviesen experiencia previa en otros departamentos de la Administración. Esta "mala gestión" del Ejecutivo regional es la que provocado, explica el sindicato, que se haya acumulado una cantidad muy importante.

"El Gobierno canario judicializa los problemas -observó Francisco Alonso, secretario insular de Enseñanza en Tenerife-, se niega a negociar y cuando se llega a los tribunales, quienes pagan son los ciudadanos".