CANARIAS disfrutaba cierta autonomía en comparación con otras regiones españolas antes de que los redactores de la Constitución, allá por 1978, eligiesen un modelo de Estado descentralizado. Los cabildos, creados por ley en 1912 y constituidos como tales a partir de 1913, fueron desde sus inicios algo más que organismos supramunicipales. Cierto que durante la dictadura franquista a sus presidentes los nombraban y cesaban en Madrid, e igual de cierto que sus consejeros eran hombres afectos al régimen; condición, por lo demás, imprescindible para casi todo durante aquellas penosas décadas. De estas corporaciones insulares se ha dicho que entonces se ocupaban de la beneficencia y salud pública, vías, caminos rurales, montes y poco más. Lo cual, por parafrasear lo antedicho, no es poco. De la misma forma, se argumenta que el papel de los cabildos aumentó notablemente con la llegada de la democracia, pues asumieron, además, competencias en turismo, medio ambiente, cultura, deportes, industria, carreteras, aguas, transporte público y ordenación del territorio, entre otras.
Debido a esta mayor capacidad gestora, solemos referirnos a los cabildos como gobiernos insulares. Un eufemismo bastante escaso de contenido. A pesar de las atribuciones que han ido recibiendo por parte del Gobierno de Canarias a partir de los años noventa, un cabildo no posee la autoridad propia de lo que sería un órgano ejecutivo insular. Quizá se aproxime a ello, por motivos de implantación social, el Cabildo de Tenerife, que tradicionalmente ha tenido un gran peso en esta isla debido a la distribución geográfica de la población, pero no los demás. En definitiva, Canarias padece cuatro administraciones: la central, la autonómica, la insular y la municipal. Una más que en el resto del territorio nacional.
Hubiese sido acertado que la descentralización de Canarias estuviese sustentada en sus siete cabildos, agrupados en una institución similar a las antiguas mancomunidades provinciales pero de ámbito regional. Sin embargo, se optó por seguir el modelo peninsular. Ahora bien, como los cabildos tenían su arraigo, había que dejarlos donde estaban. ¿La consecuencia? Pues esas cuatro administraciones, muchas veces con competencias solapadas y todas ellas con una generosa plantilla de funcionarios.
Sorprende un poco, en este contexto, que Coalición Canaria quiera ahora sustituir el término Gobierno de Canarias por el de Cabildo de Canarias. Esta es una de las nueve propuestas que se analizarán en el cónclave nacionalista, programado para los días 25 y 26 de este mes. Las otras se refieren a establecer un Día de la Nación Canaria, cambiar el logotipo de CC, desmilitarizar la isla de Fuerteventura y rechazar conductas y mensajes xenófobos. Esto último parece interesante, habida cuenta que el Gobierno autónomo, sustentado en parte por CC, ha sido acusado de xenofobia por sus políticas de empleo.
Ni el hábito hace al monje, ni un nombre cambia a estas alturas lo que ya resulta difícil, si no imposible, modificar. Llámese como se llame su Gobierno, la Comunidad Autónoma de Canarias, al igual que las otras dieciséis, continuará siendo una hidra con demasiadas cabezas que han de costear los ciudadanos, de buen grado o a la fuerza, incluso en tiempos de crisis y tribulaciones.
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