AGENCIAS, Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal, que encaja en el tipo penal de Crimen contra la Humanidad, que no prescribe.
En un extenso auto de 68 páginas, el magistrado ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluida la del poeta Federico García Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones de los desaparecidos.
Además, solicita los certificados de defunción de Franco y 34 altos mandos, así como de los líderes de la Falange entre 1936 y 1951, para comprobar si la responsabilidad penal podría ejercitarse o no.
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil", argumenta Garzón en su auto, en el que añade que la acción de la Justicia "debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos".
Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que, tras un "examen imparcial y sereno de los hechos", considera que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos.
En la presente investigación, existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un gobierno legítimamente elegido y, aunque este delito ya ha prescrito, permanece el de detención ilegal como Crimen contra la Humanidad.
Además, el juez enmarca estos delitos en "un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo" contra los adeptos a la República que "requería el uso de la violencia" y que considera similar al que se llevó a cabo en la Alemania nazi.
No obstante, adelanta que archivará la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo si certifica de forma oficial que los principales responsables de estos hechos han muerto, sin perjuicio de recabar antes datos sobre las desapariciones denunciadas.
Tal y como estaba previsto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que recurrirá la decisión de Garzón. La novedad estriba en que, según fuentes de este organismo, intentarán eludir el trámite de la reforma ante el propio magistrado para, como recurso de apelación, llegar cuanto antes a la Sala de lo Penal de este órgano judicial, a la que pedirán que aborte la investigación.
El Gobierno, que impulsó la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, se declaró ayer neutral en este pulso. José Luis Rodríguez Zapatero se negó a valorar la decisión del juez y el recurso anunciado por la Fiscalía, y se limitó a decir que, como jefe del Ejecutivo, sólo puede mostrar su respeto por ambas decisiones.
Ni el PSOE ni el PP quisieron hacer comentarios al respecto. Los que sí aplaudieron la iniciativa fueron los dirigentes del PCE y de la formulación catalana de IU, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), además del PNV y ERC.
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