ÓSCAR MARTÍN, Tenerife
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, adelantó ayer en el pleno del Parlamento canario que un informe vinculante de la Dirección General de Costas desechó la consideración de Cho Vito como Bien de Interés Etnográfico, y señaló al Gobierno de España como el responsable de la polémica demolición de casas del término municipal de Candelaria.
Berriel, tras una pregunta formulada por el diputado del PSC, Santiago Pérez, explicó que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) atendió a la legalidad al cumplir el dictamen negativo de la Dirección General de Costas a la declaración del núcleo costero de Cho Vito como Bien de Interés Etnográfico solicitada por el Ayuntamiento de Candelaria durante la tramitación de su Plan General de Ordenación (PGO).
El responsable autonómico hizo hincapié en que "el Gobierno de Canarias no es la administración competente para emitir dicha declaración", y aludió al respecto a un informe estatal en el que se constató la inviabilidad de la misma.
"Dicho documento -señaló Domingo Berriel- tiene carácter vinculante, conforme al Reglamento de Costas contemplado en el Real Decreto 1471/1989", y en el mismo se deja constancia "de la carencia de interés de las construcciones existentes en el dominio público de Cho Vito y de la incompatibilidad de su mantenimiento con el proyecto de demolición del poblado costero y de la construcción de un paseo marítimo en este espacio del municipio de Candelaria, aprobado por la Dirección General de Costas en diciembre de 2004". El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias subrayó, por otro lado, que el Ayuntamiento de Candelaria tuvo conocimiento de esta negativa en las reuniones celebradas por la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación, en las que se le instó a no establecer medidas que permitieran el mantenimiento de Cho Vito, ya que eran contrarias al dictamen de Costas sobre esta zona del litoral tinerfeño. Sin embargo, el parlamentario socialista Santiago Pérez recordó que la reciente demolición en la zona costera de Candelaria es fruto de un convenio firmado en su momento entre el Estado y el Ejecutivo canario.
El parlamentario se refirió concretamente a un convenio suscrito por los consejeros de Medio Ambiente, María Eugenia Márquez, y de Obras Públicas, Antonio Castro, y en los que se preveía la demolición de Cho Vito y la construcción de un paseo marítimo. Berriel, sin embargo, indicó que ese convenio es posterior a la decisión de la Dirección General de Costas de demoler el poblado marinero y subrayó que este organismo fue tajante a la hora de rechazar que fuera declarado zona de interés etnográfico, tal y como había solicitado el Ayuntamiento de Candelaria.
Pérez recordó, por otro lado, que el Ayuntamiento de Candelaria solicitó su inclusión en el catálogo de Bien de Interés Cultural, pero que, sin embargo, el Cabildo insular lo denegó. "Dijo que Cho Vito no posee valores patrimoniales destacados y ahora dice que ha sido una decisión unilateral".
Cabe recordar que el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, denunció el mismo día en el que se procedió al derribo que la determinación de proceder a la demolición de las casetas había sido de forma unilateral por parte del Estado, y mostró su extrañeza por el hecho de que haya sido en Cho Vito, y no en otros puntos del territorio peninsular.
Al final, las distintas familias de este núcleo poblacional de la Isla, ubicado exactamente en el municipio de Candelaria, vieron cómo sus viviendas se venían abajo. Ahora la polémica se ha trasladado al ámbito político insular y regional. Las distintas instituciones buscan entre sí al verdadero responsable de una polémica demolición tinerfeña.
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