Madrid, EFE El Congreso ha apoyado la propuesta de CiU de que un grupo de expertos independientes evalúe el desarrollo de la Ley de Dependencia y realice un informe, en seis meses, con propuestas para garantizar su efectividad y sostenibilidad financiera.
La moción de los nacionalistas catalanes ha recibido el voto a favor de 180 diputados, la abstención de 138 -los parlamentarios del PP, que habían presentado una enmienda que no ha sido aceptada- y un voto en contra.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de CiU Carles Campuzano ha recordado que la ley nació "obviando la realidad de que las Comunidades Autónomas tiene competencias de servicios sociales" y con la pretensión de "uniformar el sistema" de prestaciones.
Para el diputado de CiU parte de los problemas que han surgido en la aplicación de la ley han sido por las "espectativas que el Gobierno creó sobre lo que iba a suponer", aunque también ha aludido al contexto de crisis económica.
El informe deberá contener el análisis de la evolución de su aplicación y las consideraciones oportunas "incluidas modificaciones normativas" para adecuar a los parámetros de eficacia, calidad y sostenibilidad financiera, con pleno respeto al marco competencial de las CCAA.
Los expertos contarán con seis meses para realizar el informe, que deberá presentarse ante el Congreso de los Diputados antes de que finalice el próximo mes de junio.
Desde el PSOE, Lucila Corral ha dado la bienvenida "a todas las evaluaciones que ayuden a corregir errores y que marquen el camino" y ha señalado que "si hay que modificar la ley, lo haremos cuando toque, a partir del tercer año".
El PP no se ha opuesto a esta iniciativa, "ante el nuevo incumplimiento de la ley de Dependencia", que según el diputado Manuel Barrachina "exige un informe anual", que no se ha hecho por la "parsimonia y la apatía" del Gobierno respecto al desarrollo de esta ley.
Para mostrar su apoyo, han intervenido además la diputada del BNG, Olaia Fernández; el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que opina que "las cosas van muy mal"; y el diputado del PNV Aitor Esteban, quien ha mostrado su "evidente preocupación por la financiación de la ley y lo que pueda suceder en el futuro".
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