EUROPA PRESS, Madrid
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el pasado 23 de septiembre el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada en diciembre de 2007, según publicó el BOE, por considerar que el Estado se atribuye la titularidad de sus aguas territoriales.
Concretamente, el Ejecutivo canario rechaza el artículo 36.1 de la norma. El precepto determina la competencia de las comunidades autónomas en la declaración y determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial y en las aguas marinas, "cuando, para estas últimas, en cada caso exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente".
Según explicaron fuentes del Gobierno, Canarias ostenta la gestión en varios puntos de las aguas interiores del Archipiélago, que abarcan hasta las 12 millas.
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