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Unas 200.000 camas podrían perder la licencia que las califica como turísticas

Unas 200.000 camas turísticas en las Islas podrían estar en discusión acerca de si tienen o no sus derechos urbanísticos adquiridos con la nueva moratoria. Así lo afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien entregó al Parlamento el proyecto de Ley de Medidas Urgentes.
14/oct/08 07:20
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N. PÉREZ, S/C de Tenerife

Domingo Berriel informó ayer de que hasta que no se terminen de aprobar los planes territoriales turísticos, no se sabrá con exactitud cuánto suelo se ha desclasificado y cuántas futuras camas turísticas podrían verse afectadas por las nuevas condiciones del proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo. En cualquier caso, dijo, podrían rondar las 200.000 plazas. Ante esta situación, el Gobierno ha previsto en el citado proyecto de ley una serie de alternativas a ese suelo turístico para que los titulares de esas licencias urbanísticas ya adquiridas puedan dedicarse a otras actividades.

Esas alternativas contempladas en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes van destinadas a aquellos titulares de suelos urbanos de uso turístico que no hubieran quedado desclasificados en virtud de la Ley de Directrices pero que tuvieran sus derechos urbanísticos consolidados.

La primera propuesta alternativa hace referencia a que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes se pueda optar por su desclasificación a suelo rústico de protección territorial. En estos casos, el Gobierno reconocerá la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios que ostenten. Este suelo, según el texto del proyecto de ley, no podrá clasificarse de nuevo como urbano o urbanizable en un plazo de cinco años. La segunda alternativa es la sustitución, en cualquier momento del plazo de la suspensión de las autorizaciones previas, de la edificación alojativa por otras destinadas a parques temáticos, actividades culturales, de ocio, espectáculos, deportivas, de restauración u otras similares.

En tercer y último lugar el proyecto de ley contempla, mediante el correspondiente convenio urbanístico con el ayuntamiento que corresponda, la recategorización del uso turístico de ese suelo a industrial, comercial energético o residencial. En este último caso, al menos el 30 por ciento de las viviendas a algún régimen de protección oficial. El fin último es evitar que el Gobierno tenga que pagar indemnizaciones a titulares de suelo con derechos adquiridos, como varias sentencias que han establecido con la actual Ley de Directrices.

Ni una cama ilegal

Domingo Berriel afirmó también que el proyecto de ley no contempla una amnistía para aquellas plazas turísticas ilegales, con lo que no se legalizarán nuevas camas. "Lo que sí tratamos es de regularizar algunas granjas agrícolas ilegales a las que se les viene encima toda esta nueva legislación; contemplamos esta situación y estudiaremos cada caso", explicó.

Tras entregar el proyecto de ley al presidente del Parlamento, Antonio Castro, el titular de Medio Ambiente y Ordenación Territorial informó de que ha pedido a la Cámara su tramitación abreviada para que pueda aprobarse a principios del próximo año.

Respecto a las críticas socialistas, en las que se afirmaba que el Gobierno ya tenía nombres y apellidos de los empresarios a los que se les iba a permitir la construcción de hoteles de cinco estrellas, Berriel afirmó que "se trata de una salida concreta de un miembro del PSC", en alusión clara al portavoz adjunto, Julio Cruz. El consejero se mostró confiado en que durante el trámite parlamentario los socialistas enriquezcan el texto y lo apoyen finalmente en pleno. "Hay un amplio espacio para negociar la ley y hacer aportaciones importantes", manifestó Berriel.

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