EFE, Caracas
Las inhabilitaciones impuestas a políticos y funcionarios venezolanos "forman parte de la lucha contra la corrupción" y los procedimientos están amparados por la ley, dijo ayer el Contralor General de la República, Clodosvaldo Russián.
"No estamos sancionando a personas, sino a conductas", afirmó Russián, en respuesta a una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmada por 22 diputados, en la que se considera "arbitraria" la medida.
La declaración, que según señala el texto, sólo compromete a quienes la firman, indica que la decisión de la Controlaría General de Venezuela constituye una violación de la Constitución al impedir que se puedan presentar a las próximas elecciones del 23 de noviembre las personas afectadas.
En sus comentarios, Russián dijo que las personas afectadas por la medida desempeñaron "de manera incorrecta" sus funciones, por lo que se les ha impuesto la inhabilitación "independientemente de su militancia política".
El Contralor General indicó que son 272 las personas a las que se ha dictado la inhabilitación y recordó que el Tribunal Supremo venezolano estableció que las medidas no violaban la Constitución, como alegaron algunos de los afectados.
Los partidos opositores afirmaron en su momento que las inhabilitaciones se centraban en miembros de la oposición para impedir su candidatura a los comicios regionales de noviembre.
Russián dijo que entre los inhabilitados hay "personas afectas al Gobierno" y otras de la oposición, aunque sin precisar el número porque, señaló, la Contraloría no maneja los casos según afiliación política. Subrayó, no obstante, que un 52% de los inhabilitados serían personas afectas al chavismo y 48% de la oposición.
El Contralor General manifestó que se han seguido procedimientos apegados a las leyes venezolanas y a la Constitución que permiten la imposición de sanciones administrativas, como destitución, suspensión o inhabilitación en los casos probados.
En su declaración del 2 de octubre, los parlamentarios del Consejo de Europa, indican que "estiman urgente" recordarle al Gobierno venezolano "su obligación de respetar las reglas de la democracia.
Consideran también "arbitraria" la expulsión el pasado 19 de septiembre del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y de su adjunto, Daniel Wilkinson. Ambos representantes de la ONG estadounidense fueron expulsados por el Gobierno venezolano horas después de presentar en Caracas un informe crítico con los diez años de mandato del presidente Chávez.
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