J. FEO, Arico
Los ganaderos afectados por la deuda de la quesería de Arico han perdido confianza en la mediación que está llevando a cabo el Cabildo de Tenerife porque dicha administración "tiene, al menos, tres contratos firmados con empresas que dirige el presidente de la central quesera, Indalecio Pérez, como son desmontes o limpiezas de barrancos".
En este sentido, comentan que estas circunstancias podrían estar propiciando que la Corporación insular "no esté ejerciendo toda la presión que como si no tuviera vinculación alguna" con el máximo responsable de dicha quesería situada en el Porís de Abona.
Ante esta situación, los afectados reclaman tanto al Ayuntamiento ariquero como al Gobierno regional, concretamente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se involucren en el problema "porque cuantos más apoyos tengamos existirá mayor presión para resolver un conflicto que ya se ha prolongado mucho y que nos está perjudicando cada vez más, pues ya nos está haciendo ser deudores de nuestros proveedores".
Los ganaderos también han decidido contratar a un abogado "para que nos asesore", por lo que anuncian que el letrado estará presente en la Asamblea extraordinaria del 22 de este mes, "que comenzará a las 17:00 horas en las instalaciones de la quesería".
En dicha asamblea "estará también como punto del orden del día el cese de la actual junta rectora y el nombramiento de una gestora", aseguran los afectados, quienes ponen de relieve que "el Cabildo nos había aconsejado que estos dos asuntos no se tratasen en esta reunión".
Por su parte, el consejero insular de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Bethencourt, indica que el Cabildo "está mediando en pro de resolver el problema de los ganaderos" y advierte de que ciertas decisiones "unilaterales", como la inclusión en el orden del día del cese de la junta rectora, podría acarrear el fin de la mediación insular.
Así, explica que se había pactado entre las partes en discordia que antes de propiciar el cambio de responsables en la quesería se diseñaría un "plan de viabilidad" para que los ganaderos pudiesen cobrar lo que se les adeuda, que asciende a 1.500.000 euros.
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