EUROPA PRESS, Valladolid
La Audiencia Nacional juzgará la presunta estafa continuada que se imputa a los dos administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión, que podría afectar a unas 500 personas de Castilla y León (entre 350 y 400 podría haber en Valladolid), Andalucía, Canarias y Extremadura.
Así se desprende de un auto del Tribunal Supremo después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid solicitar su inhibición en favor de la Audiencia Nacional respecto al caso.
El auto declara competente al Juzgado de Instrucción Central número 4 de la Audiencia Nacional al existir, según el estado actual de investigación, una posible estafa "de gran transcendencia económica" que puede situar en torno a los 500 perjudicados y una cantidad defraudada de unos 25 millones, "resultando la instrucción compleja y dificultosa".
Los dos administradores de Riverduero, L.B.P. y J.M.C.C, de 61 y 57 años, respectivamente, detenidos el día 15 de febrero, permanecen desde el día 17 de ese mes internados en el centro penitenciario de Valladolid en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Las investigaciones policiales comenzaron tras las denuncias presentadas por varios clientes contra los administradores de la sociedad mercantil, en las que reconocieron haber confiado "importantes cantidades de dinero" para su inversión en productos derivados.
Sin embargo, a pesar de haberlo intentado "en repetidas ocasiones", no pudieron recuperar sus fondos porque los administradores les dieron "continuas largas".
La posibilidad de que los clientes estafados puedan recuperar el dinero, porque está comprobado que la empresa está en total iliquidez e insolvencia patrimonial, es débil.
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