COLPISA, Madrid
El PP dará su apoyo al fondo para la adquisición de activos financieros si el Gobierno ofrece garantías por escrito de que los bancos destinarán los recursos adquiridos a financiar a las familias y la pequeña y mediana empresa.
Es el único requisito exigido por el responsable económico del principal partido de la oposición, Cristóbal Montoro, al vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes.
Nada de retirar los Presupuestos Generales del Estado como había reclamado el miércoles la secretaria general de su formación, María Dolores Cospedal, y en la mañana de ayer por el portavoz del partido, Esteban González Pons.
El ex ministro de Hacienda dejó claro que apoyar esta medida no supone en ningún caso firmar un "gran acuerdo" con el Gobierno porque no arregla, dijo, los problemas fundamentales de la economía española, entre ellos, el incremento del desempleo.
Sin embargo, desvinculó este asunto de un entendimiento sobre las cuentas públicas, que dio por imposible. "No hay negociación paralela ni la ha habido nunca, pero sí intención de seguir hablando sobre otras cuestiones", señaló al término de la reunión preparatoria del encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Montoro hizo así lo que no habían hecho ni Cospedal ni González Pons: distinguir entre dos planos. No cabe, según su propia explicación, que el Gobierno y el PP vayan de la mano en política económica porque "no hay coincidencia en el diagnóstico" y porque el Ejecutivo no tiene voluntad, aseguró, de negociar unos presupuestos que ya ha presentado "cerrados" en el Congreso. Pero el PP apoya sin ambages la decisión de Rodríguez Zapatero de aumentar hasta 100.000 euros la garantía de los depósitos bancarios y, aunque plantea "dudas", no se opone a una operación que ha sido recibida con agrado por los bancos españoles.
El responsable económico del PP planteó a la iniciativa todo tipo de pegas.
En este sentido, apuntó que se decidió de forma precipitada y, como prueba, explicó que Solbes fue incapaz de presentársela por escrito. Y, no obstante, se quedó en un "sí condicionado".
Entre sus exigencias no está ya sólo la de que exista un control parlamentario, también reclamó que el decreto obligue a los bancos a volver a comprar los activos que ahora adquirirá el Tesoro en un plazo de tiempo determinado.
Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir todos los mecanismos de garantía necesarios, incluido el del control de la cámara legislativa.
A pesar de ello, aclaró que no se piensa en una comisión "ad hoc", que es lo que hasta ahora había exigido el PP, sino en ofrecer al Parlamento toda la información disponible sobre el funcionamiento de un fondo que "va a ser examinado día a día", apostilló.
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