MADRID, Alfonso Torices Los representantes de 22 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron al juez Baltasar Garzón un listado con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 personas desaparecidas durante la guerra civil y la posterior represión política del régimen franquista.
Las organizaciones denunciantes, que engloban a familias de desaparecidos de todo el país, cumplieron de esta manera la reclamación del juez de la Audiencia Nacional, que les pidió el mes pasado que ordenasen y depurasen los distintos listados de desaparecidos que le entregaron el 22 de septiembre, para contar con un censo útil y fiable, sin errores ni duplicidades.
Ese censo, cuyo valor es sólo orientativo, es la clave sobre la que el magistrado Garzón decidirá si cabe entender que todos esos desaparecidos son víctimas de una estrategia delictiva competencia de la Audiencia Nacional, por ejemplo un genocidio atribuible a los máximos responsables del Alzamiento Nacional y a los integrantes de las primeras juntas militares. Decisión que es a su vez, previa a cualquier solución que se pretenda dar al problema de la localización de los cadáveres en las miles de fosas comunes cuya existencia se conoce o sospecha, y a la exhumación e identificación de los restos mortales.
La lista, la primera de este tipo que se elabora en España, incorpora unos 3.500 nombres nuevos a un censo anterior gracias a la información de víctimas desaparecidas que en las últimas dos semanas les proporcionaron los gobiernos de Galicia y el País Vasco. La cifra de desaparecidos aumentará en los próximos días gracias a que varias instituciones a las que el magistrado ha pedido datos y que ya han comenzado a remitirlos o se han comprometido a hacerlo en breve. Entre ellas está el Gobierno de Asturias y los ayuntamientos de Córdoba, Madrid, Granada y Sevilla.
Uno de los abogados de las asociaciones, Fernando Magán, indicó que el juez cuenta también en su poder con otra lista complementaria, la que recoge el nombre de los 4.000 asesinados cuyos cuerpos ya han podido ser recuperados en los trabajos de exhumación de fosas comunes iniciados en 2000 y de los más de 500 restos mortales que todavía están pendientes de identificación, a través de pruebas de ADN.
Andalucía y Valencia, la mitad. El listado entregado a Garzón recoge datos de todas las comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos, y Valencia, con 28.892, que suman casi la mitad de las víctimas del censo. El documento también tasa en 15.269 los desaparecidos en Castilla y León, en 10.266 las víctimas de Extremadura, en 10.178 las de Aragón, en 9.759 las del País Vasco y en 7.885 los desaparecidos de Castilla-La Mancha censados.
Con cifras inferiores a los 5.000 desaparecidos están Galicia (4.396), Navarra (3.431), Madrid (2.995), Cantabria (2.535), Cataluña (2.400), La Rioja (2.007), y Baleares (1.777). La lista provisional la cierran Asturias, con 1.246; Murcia, con 855; el área de Ceuta, Melilla y el norte de África, con 457, y Canarias, con 262. Siete de los nombres de desaparecidos no tienen atribuido un territorio concreto.
El juez instructor, antes de dictar un auto sobre su competencia para investigar estos delitos, está a la espera de recibir y valorar los datos que ha reclamado a los diferentes obispados, al abad del Valle de los Caídos, a tribunales de justicia territoriales, a numerosas instituciones y archivos públicos y privados, y a registros de la Administración.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya adelantó en su día que considera que el tribunal central no es competente para investigar estos hechos y delitos, por lo que es de prever que se opondrá a una potencial apertura de diligencias penales. Las razones fundamentales son dos. Cree que cualquier responsabilidad penal en que hubiesen podido incurrir los responsables de estos hechos estaría prescrita o anulada por la amnistía general dictada antes de la aprobación de la Constitución de 1978.
De igual manera, entiende que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos de genocidio o lesa humanidad en el extranjero, pero no en España, ya que en este caso los competentes según la ley son los jueces naturales del lugar en el que se produzca cada delito.
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