CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El portavoz en materia económica de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, admite que le "cuesta creer un poquito" la reducción del 40% del gasto corriente anunciado en agosto por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, fecha en la que explicó las grandes líneas de las cuentas canarias para el próximo ejercicio.
González, cuyo partido es socio de gobierno de la formación que preside Soria, el Partido Popular de Canarias, señala que "cuando se habla de esa cifra del 40% me parece que es exagerado".
En abril de este año, tras la aprobación por parte del Gobierno autónomo de un paquete de rebajas fiscales que buscaban impulsar la economía, el diputado nacionalista advirtió de que "podrían resultar insuficientes", si bien las consideró adecuadas.
Para González, la rebaja del 40% del gasto corriente "sí puede corresponder a la reducción de ciertas subpartidas, pero veo difícil su aplicación con carácter general porque hay gastos que son necesarios y algunos, incluso, ya están comprometidos".
El escepticismo del diputado nacionalista deriva de que "la partida del gasto corriente incluye la factura telefónica, pero también se entiende por gasto corriente lo que se refiere a las actividades complementarias educativas, los comedores escolares o el transporte escolar".
Todos estos conceptos pertenecen al capítulo de los gastos. "Se puede reducir algo la factura telefónica, pero tampoco es que eso vaya a ayudar tanto", avisa.
Gastos imprescindibles
Pueden reducirse gastos por desplazamientos y otros conceptos, "pero parte de los llamados gastos corrientes son subvenciones obligadas", como las que se dan a las empresas públicas para su funcionamiento o las que se destinan a la promoción del suelo, "que no se pueden suprimir, como tampoco las ayudas a los colegios", explica González.
El diputado nacionalista indica que muchos de estos conceptos constituyen gastos plurianuales, como la vigilancia y la limpieza de los centros educativos, "que suele contratarse por tres o cuatro años y no se puede rescindir el contrato sin más para pedir que se marchen y dejen de limpiar el colegio".
Pero la previsible caída de la recaudación obligará a ajustar las cuentas autonómicas el próximo año, por lo que satisfacer todas las demandas será una tarea difícil.
"Es complicado pensar en incrementar la inversión pública", reconoce González, debido, entre otros motivos, "al incremento que hay que efectuar en los salarios de los empleados públicos, que es una obligación establecida por el Estado".
Fuera de esta alternativa, "no queda mucho dinero", puntualiza, si bien "se puede incidir en el endeudamiento".
En su opinión, el Estado "va a tener que endeudarse y autorizar a las comunidades autónomas a hacerlo".
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