Santa Cruz de Tenerife
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El "mamotreto", bajo sospecha

Las obras del aparcamiento de la cabecera de Las Teresitas se encuentran bajo la atenta mirada de la Justicia. La Fiscalía acusa al Ayuntamiento de Santa Cruz de un presunto delito de prevaricación urbanística y del territorio, al considerar que el "mamotreto" ha sido modificado sin autorización y pide imputaciones.
5/oct/08 07:32
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ÓSCAR MARTÍN, Tenerife

Es el polémico edificio destinado a la construcción de un párking en la cabecera de la playa de Las Teresitas. La estampa que ha podido confundir a muchos santacruceros. Las obras están paradas desde el mes de enero tras una decisión tomada durante una reunión del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La oposición en el Ayuntamiento de esta capital, en especial Ciudadanos de Santa Cruz, con Guillermo Guigou al frente, exigió en innumerables ocasiones el cese cautelar de unas obras que sembraron la incertidumbre.

Los litigios judiciales que afectan a la playa de Las Teresitas y al conflicto del Valle de Las Huertas, en la trasera de San Andrés, han podido motivar la precaución política del grupo de Gobierno (CC-PP) en la ciudad. Pero recientemente, la Fiscal de Medio Ambiente en Santa Cruz de Tenerife, Inmaculada Violán, ha sembrado las alarmas en los despachos del consistorio y ha acusado a la Gerencia Municipal de Urbanismo de un presunto delito de prevaricación urbanística y del territorio.

La puerta de la Justicia.- Fue el 28 de enero de 2008 cuando Pedro Fernández de Arcila, en nombre de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), dio cuenta de la construcción de un edificio de aparcamientos y locales comerciales situados en la entrada de la playa y otras construcciones en el ex-tremo de la misma, en una zona de dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de protección sin las debidas autorizaciones. En la misma fecha, Dolores Juntta, una conocida vecina de nacionalidad extranjera y afincada en San An-drés, afectada por el conflicto judicial de Montaña Morera, presentó igualmente un escrito ante la Fiscalía. Pero los vecinos no se vieron solos. La clase política, en este caso la oposición en el consistorio, tomó el paso de adentrarse en la esfera judicial. El secretario ge-neral del PSC en la capital, José Manuel Corrales, se unió a la senda de denuncias y la incertidumbre comenzó a tomar un horizonte que, cuanto menos, a fecha de hoy mantiene en vilo a políticos y funciona- rios de la corporación municipal.

El inesperado golpe.- La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha dado traslado de las diligencias al Juzgado Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, ha trascendido a la opinión pública. Violán relata que la empresa adjudicataria, Obrascon Huarte Line S.A, amparada por las resoluciones dictadas por Urbanismo, comenzó los trabajos levantando una edificación. Pero el proyecto, según denunció, fue modificado de forma "sustancial" sin que de ello se diera cuenta ni a la Dirección General de Costas ni al Gobierno de Canarias. Añade Violán que la edificación levantada en estructura "no ha afectado de momento a la zona de dominio público marítimo-terrestre -competencia de Costas-, pero sí a la zona de servidumbre". Esta delimitación corresponde al Gobierno de Canarias. De llevarse a cabo la totalidad de las obras contempladas en el proyecto, añadió la Fiscal, "se produciría una invasión del dominio público marítimo-terrestre", tanto en cabeza de la playa como en el final.

Primeros síntomas.- La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se dirige al Ayuntamiento capitalino y expresa que de forma extraoficial tiene constancia de un proyecto modificado que afecta, fundamentalmente, al aparcamiento, a un local próximo al puesto de Cruz Roja, en el extremo de la playa y a la anchura del vial. Por ello, en el escrito advierten de de que los trabajos deben ser autorizados tanto por la Dirección General de Costas como por el Gobierno de Canarias, y advierte de que en cuanto a su competencia, es decir, la zona de dominio público-terrestre, carecen de cualquier tipo de autorización.

Fue entonces cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo contestó al informe de Costas, diciendo que "esta corporación siempre ha actuado en la creencia de que el proyecto de ordenación del frente marítimo de playa de Las Teresitas contaba con todos los títulos habilitantes para su ejecución". Es decir, de la concesión administrativa otorgable por el Ministerio de Medio Ambiente. Por ello, Urbanismo reclamó a Costas que se pronunciase acerca de la clarificación de los títulos habilitantes con respecto a dicho proyecto. Y así fue. La Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife volvió a reiterar, mediante un informe fechado el 7 de marzo de 2008, insistiendo en que la Fase II del Proyecto Ejecutivo de Ordenación del Frente Marítimo de la playa de Las Teresitas, zona donde se precedía a la construcción del llamado "mamotreto", carecía de la pertinente concesión administrativa para realizar "la parte de dichas obras, que invade el dominio público marítimo-terrestre". Pero el 15 de julio de 2008 la Agencia de Protección Urbana, organismo de carácter regional, ya había advertido de incumplimiento al invadir en siete metros la zona de servidumbre.

El Ministerio de Medio Ambiente, aunque las obras no han afectado de momento la zona de dominio público-terrestre -la Fiscalía de Medio Ambiente advierte en su denuncia de que de llevarse a cabo la totalidad del proyecto se produciría una invasión-, reiteró la imposibilidad de ocupar, con las obras referidas, el espacio estatal.

Además, en dicho informe, firmado por el ingeniero jefe de la Demarcación de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, indicó que las obras afectaban a la zona de servidumbre de protección, "debiendo ser autorizadas en esta zona por la Comunidad autónoma de Canarias, pues afectan en menor medida al dominio público marítimo-terrestre".

Pero Costas llegó a recordar a Urbanismo que para ello debían haber solicitado autorización mediante concesión administrativa otorgable por la propia Dirección General de Costas al tratarse, por tanto, de la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre "con obras o instalaciones no desmontables". A fecha de hoy, las obras del "mamotreto" están paralizadas. La Justicia mira con lupa su expediente. Sin embargo, desde el ayuntamiento muestran su sorpresa y dicen que aún no han recibido la notificación de la denuncia. El silencio se ha apoderado de los responsables municipales.

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