MEDINA, Candelaria
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife suspendió cautelarmente ayer su auto del 23 de abril pasado, por lo que no habrá derribos de viviendas en Cho Vito ni se producirá la entrada e inspección de las casas una vez que concluyó, también ayer, el plazo para desalojar las mismas, lo que igualmente quedó sin efecto. La jueza ha citado a la representación legal de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y de los afectados para un encuentro a celebrar a las 10:00 horas del lunes.
Fue a las 14:01 horas de ayer cuando la población del lugar conoció la decisión judicial, produciéndose una explosión de júbilo entre los presentes, algunos de los cuales manifestaron su alegría con llantos y otros con vítores.
Ese instante se produjo a los 42 minutos de la reunión que mantenían los vecinos con el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, quien se personó en el lugar solo, sin respaldo policial, y al que los afectados reprocharon insistentemente lo que consideran su falta de apoyo y hasta su contribución para facilitar el derribo de Cho Vito.
El alcalde explicó el procedimiento que ha seguido el expediente, defendió el trabajo del gobierno municipal en este asunto asegurando que ha tratado de mantener en pie el poblado hasta donde ha podido y se comprometió a seguir haciéndolo hasta donde la ley lo permita.
Tomás González, portavoz de los vecinos, aseguró que, además de las seis personas cuyas casas no serán demolidas por ser su primera vivienda, hay ocho más cuyas construcciones reúnen la misma condición.
El solar de arriba
Durante la rueda de prensa previa ofrecida por los vecinos, éstos señalaron la construcción de 15 viviendas para 48 habitantes en el solar situado por encima del actual poblado como la causa fundamental de la pretendida demolición de las casas actuales. Planteado este asunto al alcalde, García Trujillo les explicó que se trata de una parcela de cesión obligatoria al ayuntamiento para la que "sigue estando en vigor el ofrecimiento que hice hace más de un año", en el sentido de que allí se construyan las viviendas de aquellas personas de Cho Vito que tienen su única propiedad en el poblado, "siempre y cuando se produzcan las demoliciones y en caso de que lo quieran aceptar".
En la citada rueda de prensa, Tomás González dejó claro que "no nos vamos a ir de Cho Vito, nos tienen que sacar por delante, nos iremos como parte de nuestras casas". Asimismo, acusó al alcalde de firmar la demolición del lugar en 2003 y le criticó que no visitara el poblado "ni una sola vez" durante los últimos tres años.
Cho Vito pidió públicamente a la jueza que revisara la documentación porque la demolición "se puede parar", y a políticos como Ricardo Melchior, Pablo Matos y Ana Oramas demandó que los defiendan a partir de ahora, que es cuando lo necesitan.
Más de medio siglo
Mientras que la Demarcación de Costas aportó a los vecinos, en una comunicación del 29 de noviembre de 2006, una fotografía del año 1973 en la que sólo había algunas casas en Cho Vito, los vecinos enseñaron ayer fichas catastrales con las que, aseguraron, se demuestra que el poblado existe hace más de 50 años.
Entre los muchos documentos a los que aludieron en su comparecencia pública, la población escenificó su malestar tirando a una bolsa de basura los votos que les remitió el PSOE en tiempo de elecciones. "Par esto sí somos ciudadanos, pero para mantener nuestras viviendas, no", dijo González.
El portavoz vecinal pidió "respeto a la ley que aprobó el Parlamento de Canarias el 27 de abril", que modificó las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales del Archipiélago para la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral de las Islas. De no ser así, "disolvamos el Parlamento canario".
Tomás González aclaró que no son 23 las viviendas afectadas por el auto de demolición sino 20, ya que existe duplicidad de nombres en el listado que incluye tal decisión judicial.
En todo momento defendieron que no hubo improperios y amenazas contra el personal de la Demarcación de Costas y de la Guardia Civil que el 17 de julio pasado colocaron una nota informativa en las viviendas, de las que ahora se suspende su demolición.
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