El Parlamento reversible

SIEMPRE he sido y soy partidario de los cabildos como máximos gestores de las islas, porque han sido y son entidades cercanas a la ciudadanía en su misión de máximos representantes de los pueblos de cada una, administrando los bienes comunes y los peculiares de cada una de ellas. Enumerar toda su magnitud resultaría prolijo, pues sus obligaciones abarcan el amplio espectro que demanda una sociedad civilizada; aunque sí podemos afirmar que, considerando la discontinuidad de nuestro territorio, resulta ser la alternativa más válida y fiable para cogobernar este archipiélago. Aún recuerdo cómo en tiempos de la Dictadura existía la Mancomunidad de Cabildos, para tratar temas conjuntos desde la óptica de la individualidad. Un organismo que, con la Democracia, se ha dado en llamar Federación Canaria de Islas (Fecai) y que se podría haber potenciado al máximo a través de nuestro Estatuto, sin la necesidad de duplicar las competencias con la creación de un polémico Parlamento. Un discutible medio que hasta ahora sólo ha servido para aumentar de forma considerable el gasto público en concepto de sueldos, comisiones y dietas. Creándose con ello un gobierno paralelo a los insulares, difícilmente digerible por su inutilidad manifiesta, puesto que para legislar, hoy por hoy, sólo se hubiera necesitado lo antedicho dentro del ámbito de la Federación, compuesta por los respectivos entes de cada isla.

Y lo que aquí enuncio, al margen de ser una apreciación personal, es un concepto generalizado a nivel de la calle, que se pregunta cada día más qué pintan estas personas remuneradas generosamente, no sólo con un elevado sueldo, sino con otra serie de prebendas añadidas, como el pago por asistencia a plenos, comisiones y otras muchas gabelas que van desde el obsequio de ordenadores portátiles de última generación, teléfonos móviles ídem y transporte más estancia gratis, por si pernoctan, desde sus puntos de origen a Tenerife. Y si todas estas ventajas ya constituyen de por sí un agravio comparativo con la evidente precariedad de la mayoría poblacional restante, mucho más grave resulta que estos representantes no sean merecedores del cargo que ostentan, pues a nadie se le escapa que la mayoría de ellos están apoltronados, bien como pago vitalicio por los servicios prestados a un partido, las listas cerradas, o por la negativa a modificar a la baja los topes de la Ley Electoral, para que los minoritarios tengan su cuota de participación. Sin olvidarnos de la causa principal, la dejación absoluta de la mayoría silenciosa cuando vota por inercia o deja de hacerlo por la misma causa, desencantada de los persistentes malos ejemplos del uso partidista, y personal, del ejercicio de la política. Como podría ser el flagrante error de la expropiación del edificio anexo al Parlamento a sus legítimos propietarios; responsabilidad jurídica atribuida a quien hoy ostenta mayor cargo de consejero de nuestro Gobierno Autonómico, y la posterior frase chulesca de otro personaje vitalicio a la legítima propietaria doña Julia Ruiz-Arteaga, madre de mi antiguo condiscípulo Guillermo de la Barreda, de "que no vería con vida el resarcimiento de su propiedad", como así fue desgraciadamente. Y lo más vejatorio, que no quiero dejar en olvido, la frescura generalizada de votar mayoritariamente una subida de sueldo, repartido en dos pagas extras, para compensar el IPC anual; pese a tener constancia en primera mano de todo el caos económico en que nos íbamos a ver inmersos.

Expuesta mi opinión personal respecto al nulo servicio que presta a la sociedad este corro de los despropósitos, resulta que para rizar el rizo de su inoperancia irrumpen en el ámbito judicial, sin serlo, "juzgando" de manera oficial su discrepancia con la línea editorial de este periódico, en donde llevo exponiendo mis criterios con absoluta independencia desde hace 25 años. O lo que es lo mismo y al margen de la libertad de opinión a favor o en contra de las expresiones vertidas por su editor / director, se han alineado de forma descarada con una isla en detrimento de las otras seis porque, a poco que uno sepa de estas cuestiones, siempre tenía el concepto de que los poderes del Estado pivotaban sobre tres pilares, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y es a este último, por tanto, a quien le compete atender las posibles demandas de los supuestos agravios. Cuestiones que, en muchos casos, comparto plenamente en el fondo, aunque no en la forma, a pesar de que desde siempre he podido constatar el persistente despojo de organismos territoriales con sede primigenia en Tenerife, trasladados impunemente a Tamarán (qué bonito nombre en vez del discutible superlativo). Organismos públicos que nos han logrado arrebatar con la finalidad de ir sumando poderes para tratar de ejercer la hegemonía contraria a la que ellos rompieron en 1927.

Y hablando de ingerencias indebidas, el pasado martes surgía la noticia de que un queso de cabra, elaborado en la quesería de Arico (Tenerife), la misma que tiene dificultad para pagar a los ganaderos, ha resultado premiado con la Medalla de Oro al mejor queso del mundo en la prestigiosa World Cheese Awards 2008, que tuvo sede en Dublín y en la que compitieron más de 1.500 productos de todo el orbe. Este galardón, que es indudable motivo de orgullo para Tenerife, debería ser defendido por la consejería de Agricultura de nuestro Cabildo, a fin de organizar dicho certamen el próximo septiembre. Pues al parecer no va a ser así, puesto que, según nota de prensa de otro medio, le fue entregado el testigo a la consejera Pilar Merino para que el concurso sea organizado en Tamarán. ¿A santo de qué?, pregunto.

Hace bien nuestro editor de presentar un recurso al Tribunal Constitucional para que repruebe el uso torticero de un poder legislativo reversible, que ha irrumpido de forma abrupta en una competencia que sólo puede valorar el Poder Judicial legítimamente constituido. Una injerencia que tiene su origen y complicidad en la parte más miserable de la condición humana. La que actúa por revanchismo cuando no sabe aceptar la merecida crítica a su descarada y persistente inepcia. Y esto, en síntesis, es lo que ha ocurrido. No hay más causa.

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