Ciudadanos pide hoy una comisión de investigación por el "caso Archivo"

MÉNDEZ/GONAR, S/C de Tfe.

Ciudadanos de Santa Cruz, a través del concejal del Grupo Mixto Guillermo Guigou, solicitará en el pleno de hoy la creación de una comisión de investigación por las presuntas irregularidades detectadas en el expediente del concurso para adjudicar el servicio de digitalización del Archivo Municipal. Odalys Padrón, ex concejala, ha investigado este expediente y, si no hay una aclaración convincente, apuesta por llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. Éste es el resumen cronológico de un caso que podría originar la segunda comisión de investigación municipal tras la del IES Hermanos García Cabrera.

17 de diciembre de 2004.- El titular de la Asesoría Jurídica, Luis Prieto, firma una propuesta de bases para la digitalización del Archivo que estipula el pago del contrato en el 50% a la terminación de la primera etapa y el 50% a la entrega de la memoria final.

20 de noviembre de 2004.- Elena González, jefa de Servicio en Servicios Centrales, informa favorablemente un mes antes sobre el expediente de fecha 17 de diciembre de 2004. Propone 235.000 euros como la cantidad total a abonar por la digitalización.

29 de diciembre de 2004.- Se emite el informe de la Intervención Municipal con varias anomalías:

1.- La petición de informe entra en Intervención el mismo 29 de diciembre y se incumple el plazo de 10 días de las bases de ejecución del presupuesto.

2.- El informe es provisional porque Administración General reclama el expediente el mismo día que entra en Intervención.

3.- La fiscalización, según el interventor, tiene carácter de previa limitada, devolviendo el expediente para su tramitación sin perjuicio de una definitiva.

4.- No existe el informe de la Asesoría Jurídica.

La firma del interventor accidental es una rúbrica ilegible.

29 de diciembre de 2004.- Se incorpora al expediente el informe de la Asesoría Jurídica. Frenética actividad administrativa en el penúltimo día hábil del año 2004.

30 de diciembre de 2004.- Se aprueba en la última sesión de la Junta Local de 2004 el pliego de condiciones. Aparece la rúbrica ilegible del concejal-secretario y no está la firma del alcalde.

30 de diciembre de 2004.- Se incorpora al expediente la certificación del acuerdo de la Junta de 30 de diciembre de 2004, haciendo constar Bruno Piqué, concejal-secretario, que se emite sin haberse aprobado aún el acta de la sesión.

2 de agosto de 2005.- Del 30 de diciembre de 2004 al 2 de agosto de 2005 no se mueve un papel. El siguiente acto administrativo es el oficio de remisión para el BOP de la reseña del pliego de condiciones. El texto está elaborado desde el 28 de julio, pero la publicación material es del 22 de agosto.

4 de octubre de 2005.- Se reúne la Mesa de Contratación en la que están Juan Manuel Brito Arceo y el director del Archivo, Febe Inocencio Fariña Pestano.

13 de octubre de 2005.- La Mesa de Contratación elabora la propuesta de adjudicación. Brito Arceo no se abstiene, pese a que lo establece la Ley 30/92. Firma el acta, al contrario que Febe Fariña. Se incorpora el informe de este último, que fue clave porque, aunque la oferta económica de la otra empresa, Azertia, era mejor, Jif Europea Consulting la supera en los criterios técnicos. Jif ofrecía un servicio de catalogación y digitalización por 102.305 euros. En el informe, Fariña explica que se dedican a la "catalogación 2.765 horas, a 37 euros la hora, para un total de 102.305 euros". Lo reafirma en su alegato final, en el que habla de las excelencias de Jif. En su último párrafo dice "Dos personas para la catalogación y digitalización". Por el total (51.152,5 euros cada una) debían digitalizar durante la fase final de implantación (un año de duración) los fondos del Archivo. Odalys Padrón aclara que "estas dos personas nunca aparecieron cuando debían trabajar al menos seis horas y media diarias". Fariña resume las bondades de la oferta de Jif en una frase: "El grupo Jif garantiza el buen funcionamiento de la aplicación a un 100%".

28 de noviembre de 2005.- La Junta de Gobierno acuerda adjudicar a Jif el contrato de la digitalización del Archivo.

26 de enero de 2006.- Jif constituye aval bancario por 9.399,01 euros y el mismo día ingresa el aval definitivo por ese importe. El plazo de garantía empieza el día de finalización del contrato y dura un año. Como el contrato se firmó el 17 de febrero de 2006, la primera parte finalizaría el 17 de febrero de 2007 y la segunda el 17 de febrero de 2008. En ese momento empezaría el período de garantía para acabar el 17 de febrero de 2009.

7 de febrero de 2006.- Se firma el contrato.

30 de marzo de 2006.- Jif Europea Consulting presenta la factura correspondiente a la primera parte del contrato por 117.487,65 euros.

31 de marzo de 2006.- Un día después de la presentación de la factura, Febe Fariña, director del Archivo, miembro de la Mesa y autor del informe técnico clave, emite un informe favorable.

11 de agosto de 2006.- En escrito de 8 de agosto, Jif dice que el 30 de marzo se expidió certificación por 117.487,65 euros y pide que se abone con intereses de demora. Antes de la duración de la primera fase, un año. Pretende cobrar, incluso con intereses, incumpliendo el contrato.

15 de diciembre de 2006.- Fariña informa favorablemente sobre "la implantación del sistema en un entorno real para con las pruebas de digitalización". Si la primera etapa finalizó el 31 de marzo de 2006 (cuando Fariña emite su conformidad) el 15 de diciembre de 2006 aún no se había cumplido el año que duraba la segunda etapa. La primera, de un año, se hace presuntamente a los 40 días de la firma y la segunda en apenas nueve meses desde la misma. Lo que debía durar dos años se condensa en 10 meses, con independencia de que la segunda etapa nunca se llegó a concretar".

21 de mayo de 2007.- Jif pide la devolución de la fianza definitiva constituida por aval bancario.

28 de mayo de 2007.- Fariña, tan sólo siete días después de que Jif solicitara la devolución, informa favorablemente. El período de garantía debería finalizar el 17 de febrero de 2009, por lo cual hasta esa fecha no procedería a la devolución de la fianza. Nunca se llegó a realizar la segunda etapa del contrato que costó 102.305 euros.

29 de mayo de 2007.- María Isabel Molina, jefa de Compras y Contratación, tiene en cuenta el informe de Fariña de 28 de mayo, pero toma como bueno y establece como fecha de cómputo para el cálculo del período de garantía un informe de Fariña de 15 de diciembre de 2006, y no la memoria final, como establece el contrato.

Las incógnitas.- 1.- ¿Por qué no tuvo en cuenta María Isabel Molina la no existencia en el expediente de la memoria final y sólo contempla el informe de Febe Fariña?

2.- ¿Por qué no hizo referencia a la duración de cada una de las etapas, plazos que no se cumplían?

3.- ¿Quién es el responsable del seguimiento del contrato firmado?

4.- ¿Quién era responsable de comprobar los plazos?

5.- ¿Sabía Brito Arceo cuando tramitó personalmente el cambio de factura de la segunda etapa, por error material, que no se había cumplido ese compromiso?