El edificio de viviendas de lujo que Costas no quiere ya está terminado

M.CH., Tazacorte

La promotora Diseños Urbanos (Diursa) ha finalizado ya los trabajos de edificación del complejo residencial de lujo de Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, un edificio que ha sido cuestionado por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a raíz del contenido de una polémica sentencia del Tribunal Supremo contra la urbanización del suelo en el que se ha levantado la edificación, en la que se considera el mismo como "no urbano".

Tras dar por acabados los retoques finales en el interior del inmueble, que han permitido dotarlo de los materiales y servicios acordes con la promoción que se está ofertando a los compradores interesados, en primera línea de costa, junto a la playa de El Puerto, Diursa está procediendo a terminar las obras de urbanización de la zona exterior del complejo residencial, tanto en cuanto a aceras y jardines como a reposición de los espacios públicos afectados por los trabajos a lo largo de los dos últimos años.

Será entonces cuando se solicite al Ayuntamiento de Tazacorte los correspondientes permisos de habitabilidad, lo que permitirá a los nuevos propietarios ocupar estas viviendas. Este proyecto se ha visto afectado por una serie de problemas jurídicos y administrativos que fueron heredados de una disputa anterior en el suelo y que ahora se ha extendido a todo el frente costero de El Puerto tras la decisión, hace un año, del Ministerio de ampliar la zona de protección marítima costera de los 20 hasta los 100 metros a lo largo de los cuatro kilómetros de este litoral. Sin embargo, estos inconvenientes no supondrán un problema a la hora de que el Consistorio bagañete decida otorgar la autorización administrativa para que se habite el edificio, según han asegurado las fuentes consultadas por EL DÍA en el grupo de gobierno (UB) que gestiona dicha administración local.

La COTMAC rectificó.- Sobre el suelo en el que se ubicó esta edificación también recae un acuerdo de la COTMAC en el que se pide al ayuntamiento que revise el Plan General de Ordenación en los aspectos que contradigan el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo contra la urbanización del suelo de Los Tarajales.

Sin embargo, desde la Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias se ha dicho en varias ocasiones que la decisión adoptada por la COTMAC, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, "no supondrá un inconveniente insalvable para la edificación que se ha construido en la zona de Los Tarajales, con licencia municipal".

A precio de oro.- La promotora inmobiliaria Diursa en La Palma es la encargada de gestionar la venta de este edificio propiedad de una empresa de Valladolid llamada Barcino Inmobiliaria. Tal y como adelantó esta redacción hace un año, el precio de venta del metro cuadrado de las viviendas apunta a los 3.600 euros. La más barata, con 77 metros cuadrados, se ha vendido por 245.000 euros.

Los compradores de estas viviendas han consultado previamente las posibles dificultades a las que se podría enfrentar el edificio, ante los constantes rumores de que la sentencia de la Audiencia Nacional del año 2005, vinculada a este suelo, pudiese provocar algún problema legal, pero desde la promotora se les ha garantizado que la licencia que permite su edificación está sujeta a la nueva normativa urbanística de la localidad recogida en el planeamiento vigente, que ha sustituido al anteriormente denunciado, y en el que se recoge que este suelo es urbano.

La clave

Para el Gobierno canario es legal

Desde el Gobierno de Canarias se interpreta que la edificación se salva de cualquier viso de ilegalidad, pese a que pudiera considerarse, por parte de una futura sentencia definitiva sobre el PGO, que el suelo al final no es urbano, algo que hasta ahora no ha sucedido, ya que el fallo del Supremo sobre el deslinde de servidumbre de tránsito recogido en la Ley de Costas se refiere a las viejas Normas Subsidiarias. Aunque la Cotmac haya dicho que debe revisarse el planeamiento hasta que haya una nueva sentencia en base a un recurso que se ha interpuesto, el edificio no peligraría. Al respecto, según afirmó en su momento el director general de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido, "la licencia de obras que emitió el ayuntamiento es legal porque ese suelo, de acuerdo con el PGO, sí es urbano, y ese documento de ordenación está en vigor, por lo tanto en este momento está clasificado como urbano. El proyecto cumple las condiciones urbanísticas y es legal".