EFE, La Paz
La suspensión del diálogo político en Bolivia se mantuvo ayer por decisión de los opositores autonomistas, quienes exigen una respuesta personal del presidente Evo Morales y que ofrezca garantías para retomar las negociaciones.
Tras quince días de conversaciones y escasos avances, el llamado "diálogo nacional" está paralizado porque los opositores se niegan a seguir conversando en lo que consideran un clima hostil y de persecución por parte del Gobierno hacia líderes y simpatizantes de la causa autonomista.
La detención en Tarija de un activista acusado de atentar contra un gasoducto durante las protestas de septiembre ha provocado la reacción de los líderes autonómicos, que, según reiteraron ayer, se sienten perseguidos y amenazados por el Gobierno.
Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los más duros opositores a Morales, acusó al Gobierno de "atropellar el Estado de Derecho" en relación a las detenciones llevadas a cabo por el Ejecutivo.
Los opositores le acusan además de incumplir uno de los compromisos del preacuerdo que dio paso a las negociaciones, relativo al cese de medidas de presión por ambas partes durante el proceso de diálogo.
Denuncian que, durante el diálogo, los movimientos sociales que apoyan a Morales han continuado con sus medidas de presión como el cerco a la ciudad a Santa Cruz o el anuncio de una marcha a La Paz a partir del 13 de octubre para exigir al Congreso la convocatoria del referendo constitucional.
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