EFE, Madrid
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dijo ayer que la tendencia al alza de la población reclusa "se está acelerando considerablemente" -hay 23.000 presos más que en 2000- y que se hace preciso pensar en una ampliación del plan de construcción de centros penitenciarios.
En su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, Gallizo aseguró que en los nueve primeros meses de este año la población reclusa se ha incrementado un 7,2 por ciento, con 4.514 internos más, lo que supone un aumento superior al registrado en todo 2007.
La responsable de Prisiones concretó con datos y porcentajes esta "tendencia al alza": de 2000 a 2008, el número de personas en régimen de privación de libertad ha pasado de 39.013 a 62.239, es decir, 23.226 más, lo que significa un incremento de más del 60 por ciento en ocho años.
Estas cifras hacen pensar a Gallizo que el "esfuerzo" que hace el Gobierno puede "no ser suficiente" para absorber el impacto de las modificaciones legislativas que se están desarrollando, y que si sigue esta tendencia se tendrá que acometer una ampliación del plan de creación de centros penitenciarios 2005-2012, para incrementar tanto las celdas del régimen ordinario como las del abierto.
Una parte de ese plan ya se ha realizado -se han construido cuatro prisiones, entre otras infraestructuras-, y continuará durante esta legislatura, en la que se prevé que se edifiquen once centros en Andalucía, Menorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Soria, Ceuta, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Álava y San Sebastián, lo que supondrá un total de 8.966 nuevas celdas.
En la actualidad en España hay setenta prisiones, quince Centros de Inserción Social (CIS), diez establecimientos para internos en régimen abierto y 46 Unidades de Custodia Hospitalaria, que suman entre todos 46.040 celdas.
Ante este panorama, Mercedes Gallizo consideró necesario reflexionar sobre si es razonable recurrir a la prisión, especialmente en el caso de las penas de corta duración y para las personas que han cometido un único delito; actualmente hay 10.200 internos que cumplen penas inferiores a los tres años.
Gallizo recalcó que la tecnología facilita instrumentos de restricción de la libertad sin necesidad de internamiento y ha incidido en que los sistemas penitenciarios europeos están apostando por las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Para trabajar en este sentido, tendrían que implicarse las distintas administraciones para que haya una mayor oferta de plazas.
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