En defensa de la libertad de expresión

HACE bastante tiempo que Canarias ofrece un panorama lamentable en algunas de sus instituciones públicas, desde un número alarmante de ayuntamientos que se convierten en activos y prolíficos focos de corrupción hasta el propio Parlamento de Canarias, con esperpénticas escenas y peleas barriobajeras entre los propios parlamentarios, en los que los insultos, la escasez de talante y diálogo, así como la búsqueda del provecho partidista sepulta cualquier interés colectivo.

No voy a entrar en el terreno de la demagogia diciendo que sólo se han puesto de acuerdo en esta legislatura para aprobar dos resoluciones por unanimidad, la subida de sueldo de sus señorías y la reprobación a EL DÍA. A mí me parece bien que nuestros representantes ganen el suficiente dinero para poder dedicarse con exclusividad y dignidad a nuestra Comunidad Autónoma, circunstancia que no tengo claro que ocurra a tenor de los hechos.

El Parlamento ha pecado de oportunista (un defecto abundante en no pocos políticos) y ha optado por el camino más fácil: "darle una colleja" institucional a EL DÍA porque no le gustan sus editoriales, porque le parecen "xenófobos, racistas y atentan contra el orden constitucional" (¿?). Ya se ha repetido hasta la saciedad que, si esto es así, lo que deben hacer los agraviados es llevar el caso a los tribunales de justicia para que castiguen al infractor. Si su delito es tan flagrante como denuncia la declaración parlamentaria, no habrá dudas sobre el veredicto. Si, por el contrario, sólo es una opinión, y no hace apología del crimen o del terrorismo para defender sus postulados, lo que deben de hacer es dejar de comprar el periódico o escribir artículos en contra. En eso consiste una de las libertades esenciales de la democracia: la libertad de expresión, bien conocida pero poco admitida en la realidad cotidiana.

Es norma habitual que la clase política, en su conjunto, esté muy pendiente de los medios de comunicación, intentando evitar las polémicas, por un lado, y favorecer sus actuaciones, en la medida de lo posible, por otro. De esta manera, los directores de medios pasan -muchas mañanas- más tiempo recibiendo llamadas de los políticos que de sus redactores. Esto es así: aquí y en Cuenca, y no es ilegal, entra en el juego de la comunicación y el marketing político y social. Ahora bien, el problema es cuando entran en juego intereses económicos y partidistas a la hora de manipular o coaccionar determinadas informaciones que, o bien no interesan o bien resultan incomodas, por lo que se presiona para que -simplemente- no aparezcan o sean ocultadas en páginas interiores o con letra pequeña. Si un medio (o un periodista) no se pliega a ese juego y mantiene su independencia, de aliado potencial se convierte en enemigo radical, y puede ser amenazado e intimidado, cuando no expulsado, para que deje de "molestar" a los poderes establecidos. Los ejemplos son innumerables y bien conocidos, pero en este caso se trata de EL DÍA.

En el plano personal, tengo que decir que llevo más de cinco años colaborando con el Grupo de Comunicación EL DÍA con plena libertad, en el periódico, en la radio y en Internet, sin que jamás ninguno de sus responsables haya coaccionado mi opinión, a pesar de que en más ocasiones de las que recuerdo se hayan alejado de la línea editorial. Más bien al contrario, todo lo que he tenido ha sido respeto y tolerancia, cuando no protección. Como anécdota personal, recuerdo que, en la última campaña electoral autonómica, uno de los preclaros miembros del actual Parlamento le pidió mi "cabeza" a mi jefe, ante su "desafortunada" actuación en una entrevista radiofónica, que él calificó de "encerrona" porque se le hicieron preguntas -digamos- "incómodas". En honor a la verdad, hay que decir que la dirección me apoyó y defendió en todo momento, porque -supongo- ceder a la presión política hubiera sido renunciar a la independencia y venderse al mejor postor. Si accedes una vez al chantaje cederás siempre, y en vez de un periódico te habrás convertido en el diario Pravda, para cantar las alabanzas al régimen que toque en cada momento. Amenazar con retirar la publicidad institucional va en este sentido y es un chantaje intolerable en los tiempos que corren, que debe ser denunciado y reprobado (aquí sí) por el resto de la sociedad.

El mensaje correcto, en mi opinión y espero que no me reprueben por expresarla, es que los medios de comunicación están para controlar la labor de nuestros representantes políticos, bien para denunciar la gestión política mal hecha, bien para alabar la correcta, y no como pretenden algunos, que sea a la inversa, es decir, que sean los políticos los que controlan lo que se puede y no se puede decir en un medio de comunicación, y para ello utilizan -sin recato ni pudor- cargos o instituciones. Eso se llama censura y es algo que parecía superado, pero no nos engañemos, aún permanece en el subconsciente de, al menos, muchos de los miembros del Parlamento de Canarias. Ante este ataque frontal e insospechado (por la procedencia) a la libertad de expresión, el silencio equivale al consentimiento, y no nos resta más que sumarnos a los que se están solidarizando con el director-editor del periódico EL DÍA, D. José Rodríguez Ramírez, y con el resto de trabajadores y trabajadoras de la casa.

Pedro Millán del Rosario