El Supremo da la razón al TSJC y avala la ilegalidad de la primera moratoria

EL DÍA, S/C de Tenerife

La sociedad mercantil Hermanos Santana Cazorla S.L. ha obtenido un nuevo respaldo de la justicia, después de que el Tribunal Supremo avalara el fallo que en 2003 dio la razón al empresario grancanario. Éste recurrió la primera moratoria turística de 2001 y ahora el Supremo ratifica la razón que el TSJC le había dado hace ahora cinco años.

La sentencia, publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), "no tiene consecuencias jurídicas", explicó ayer el secretario general del Gobierno, Fernando Ríos. Éste explicó que el demandante no recurrió la denegación de una licencia particular, sino el decreto del Gobierno que establecía la citada moratoria de 2001. Dos años después, en 2003, el Parlamento canario aprobó la Ley de Directrices, que deroga el decreto anterior. Por lo tanto, explicó Ríos, esta situación no provocará el pago de indemnización alguna por parte del Gobierno. "En todo caso, se trata de una victoria moral para el empresario", manifestó el secretario general.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, se pronunció ayer sobre esta sentencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Soria recordó que uno de los grandes objetivos que persigue el Ejecutivo canario con el proyecto de Ley de Medidas Urgentes -que reformará la actual Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias- es "dotar de mayor seguridad jurídica a la ley y tratar de evitar situaciones como ésta". Además, añadió que también se pretende "clarificar aquellos supuestos bajo los cuales se pueden desarrollar determinadas actividades".

Ni Soria ni la portavoz del Gobierno, Carolina Déniz, supieron trasladar a los periodistas las consecuencias de esta sentencia que, según Ríos, "no son ni positivas ni negativas". Soria tampoco supo cuantificar a cuánto ascienden las indemnizaciones que el Gobierno tendrá que abonar a otros empresarios que han ganado recursos anteriores contra la moratoria y que el Ejecutivo tiene recurridos ante los tribunales.