Censura a EL DÍA

EL Parlamento de Canarias ha hecho una declaración institucional en contra de las editoriales de un periódico de Tenerife, EL DÍA. Los parlamentarios han perdido definitivamente el Norte. Primero se subieron los sueldos en medio de una crisis económica pavorosa, y ahora censuran a un medio de comunicación porque no les gustan las opiniones de su director. Y yo me pregunto: ¿para eso les pagamos? ¿No era para hacer las leyes y controlar al Gobierno? Las editoriales de un medio de comunicación son la opinión libremente manifestada de su director sobre un asunto determinado. Si las opiniones de cualquier persona pudieran ser llevadas al Parlamento y censuradas, los parlamentarios no iban a hacer otra cosa durante la legislatura. La puerta que han abierto los parlamentarios con esta declaración institucional, sin ningún valor ejecutivo, pero sí mucha significación en términos de restricción de derechos fundamentales y censura a la libertad de opinión- es muy peligrosa y supone un precedente maldito para nuestra democracia. A partir de ahora, cada vez que alguien opine algo que no compartan nuestros diputados, o no les guste, será censurado por el Parlamento. En la lucha cainita entre los medios de comunicación de una y otra provincia se han olvidado de que la libertad de opinión es la que ha perdido en esta batalla de papel. La pretendida censura a EL DÍA ha conseguido exactamente lo contrario de lo que perseguía. EL DÍA se ha vendido más que nunca, espoleado por una polémica que, si no buscó, sin embargo se encontró por la intervención torpe y absurda del Parlamento de Canarias, que le dio publicidad regional a sus editoriales y consiguió, por primera vez en la historia de este periódico de Tenerife, que se leyera en Gran Canaria.

Yo no comparto muchas editoriales de don José, ni él, por lo tanto, muchas opiniones mías, pero ni yo he intentado censurar nunca su libertad de opinión, ni él la mía. Como queda demostrado en este artículo de opinión, publicado en su periódico, y en el que manifiesto abiertamente que no estoy de acuerdo con sus editoriales. Si alguien piensa que algún comentario del director de EL DÍA puede haber sido injurioso o calumnioso para Gran Canaria o para España, y por lo tanto sobrepasado el derecho constitucional a la libertad de expresión, debe acudir a los tribunales, que son los que en interpretación de las leyes deben establecer los límites, no el Parlamento, que no está para controlar a don José sino al Gobierno.

Ignacio González Santiago

(concejal del Centro Canario Nacionalista, CCN, en Santa Cruz)