Los sindicatos piden la readmisión de siete docentes de Religión despedidos

M.G., S/C de Tenerife

La Consejería de Educación del Gobierno canario ha despedido en este inicio de curso a siete profesores que imparten la asignatura de Religión, una situación que, según los sindicatos que representan al personal laboral, se hubiera evitado si el Ejecutivo no se hubiese demorado en la publicación del decreto que regula la situación de estos profesionales en las Islas.

Por esta razón, las organizaciones sindicales han reclamado a la Administración que, además de acelerar la tramitación de este texto, readmita en su puesto a los docentes. Seis de los afectados desarrollaban su labor en la provincia de Las Palmas, y su baja ha respondido a la falta de titulación adaptada a la actual ley educativa. En cuanto al séptimo, su despido se ha producido a instancias de la Diócesis tinerfeña.

Los sindicatos trasladaron ayer sus demandas a la Consejería de Educación en el curso de una reunión en la que no pudo estar presente, como estaba previsto, la directora general de Personal.

"La Consejería no ha respetado los acuerdos", señaló José Antonio Pérez, de OCESP, que adelantó que ambas partes han acordado volver a reunirse la próxima semana para continuar trabajando en el diseño de un "marco general de funcionamiento" que garantice los derechos de los profesores de Religión y otros profesionales que intervienen en el sistema educativo, como logopedas y maestros de taller.

En cuanto a los seis afectados de Las Palmas, Pérez considera que deben ser readmitidos o que, al menos, "se les conceda un margen de tiempo para actualizar sus titulaciones". Respecto al despedido por el Obispado -al parecer, un docente que ha abandonado el sacerdocio-, también pide que se le devuelva a su puesto y que, "en todo caso, se le expediente".

Por su parte, Dora González, de UGT, recordó que, con el decreto publicado, "nadie se iría a la calle, porque obliga a negociar antes con los trabajadores", algo que, denuncia, no se ha hecho en este caso.

Administración y sindicatos alcanzaron un acuerdo sobre este texto legal el pasado mes de mayo, pero, al no haberse publicado aún en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), no ha entrado en vigor. Según Dora González, esta situación responde a la "inestabilidad" que ha caracterizado el funcionamiento de la Consejería de Educación durante los últimos meses, con la salida de varios altos cargos.